Cualquier caso de corrupción debe indignarnos, sobre todo a quienes ejercen el poder y están mandatados por la ciudadanía para velar por los intereses del país. Esa indignación debe llevar a los gobiernos a la acción: garantizar que las instituciones funcionen y hacer todas las reformas que para ello se requieran.

Uno de los ejemplos más recientes es cómo el Ejército utilizó herramientas de inteligencia para espiar a periodistas que investigaban hechos de corrupción. No sabemos cuántos otros casos existen, per no parece un hecho aislado. También son de enorme gravedad las posibles presiones por parte de la Presidencia de la República sobre un canal de televisión que se hicieron públicas hace unos días. Cuando se pone en peligro la libertad de prensa y de expresión, es la democracia la que está en juego.

Hemos visto también cómo actos sistemáticos de corrupción se produjeron durante años en Carabineros de Chile y en las Fuerzas Armadas, con una cultura legitimada desde ambas instituciones. En el caso del Ejército, además, se tomaron represalias contra quienes denunciaron la corrupción; mientras el ministro de Defensa de entonces —que luego fue nombrado por el Presidente como miembro del Consejo de Defensa del Estado—, en lugar de condenar los hechos, dio su total respaldo a la institución. El día domingo, a su vez, el actual ministro de Defensa comunicó su respaldo al reproche de un general de Brigada del Ejército a un segmento de humor de un canal de televisión.

¿Qué tiene en común todo lo anterior? Cada uno de estos hechos da cuenta de señales en la dirección equivocada, donde no prima la condena a la corrupción ni la exigencia de medidas para combatirla.

Es urgente una reacción y un compromiso con una nueva agenda de probidad e integridad por parte del gobierno. Temas como la protección de denunciantes de corrupción no pueden seguir esperando, así como también las reformas al uso de los mecanismos de inteligencia para impedir su mala utilización.

Nuestro país se ha caracterizado por reaccionar a escándalos de corrupción creando agendas robustas de probidad que han cambiado el marco institucional para prevenir nuevas irregularidades. Así surgieron los grandes paquetes de reformas de probidad, desde 2003 hasta 2017. Sin embargo, en los años más recientes las reformas de este tipo se han estancado. No vemos priorización de proyectos de probidad y transparencia por parte del Gobierno. Y a pesar de que se han conocido hechos que podrían calificarse como escándalos de corrupción, especialmente en las policías y FF.AA., las autoridades parecen haber perdido la capacidad de reaccionar. ¿Tiene el actual gobierno sensibilidad frente a la corrupción?