La propuesta del nuevo sistema de financiamiento universitario: una mala idea
12 de octubre de 2024
El reciente anuncio del Gobierno sobre el fin del CAE, que beneficia a estudiantes sin gratuidad, tiene dos componentes. El primero tiene relación con la condonación parcial de la deuda para deudores actuales, y el segundo, al que me quiero referir, es un nuevo sistema de financiamiento universitario (FES). El nuevo sistema de financiamiento universitario que reemplazará al CAE tiene problemas serios, tanto conceptuales como de diseño.
El primer problema es que, con el sesgo ideológico de evitar el endeudamiento para la educación, se crea un impuesto a los ingresos que puede llegar a tener una tasa de hasta 8% por 20 años o más. En este sistema un joven opta por usar el FES a cambio de un impuesto a los ingresos que se pagará por una cantidad de años igual al número de semestres en que usó el FES multiplicado por dos. El pago depende del ingreso del profesional, del número de semestres que usó el financiamiento y no del costo de la carrera. No hay límite al pago, pudiendo llegar a ser dos o tres veces el costo de la carrera.
Habrá válidas discusiones desde el punto de vista del Derecho sobre si es impuesto o no lo es, pero en economía es un impuesto transitorio, que podría llegar a cubrir la mitad de la vida laboral de los profesionales. Será particularmente caro para los médicos, que estudian una carrera larga y tienen un ingreso esperado alto.
Un segundo problema, de justicia básica, es que el estudiante solo puede optar por el total del financiamiento estatal o nada. No hay posibilidad de pedir una fracción del costo de la carrera, tal como ocurre hoy. En consecuencia, los padres no podrán pagar, de acuerdo con sus posibilidades, parte del valor de la carrera para alivianarles la mochila cuando egresen.
Es comprensible que con el impuesto que crea este sistema se complica implementar un pago fraccionado. Obviamente eso enreda el diseño del impuesto, pues es un esquema rígido. No ocurriría esto si fuera un crédito. Sin duda la opción adoptada de todo o nada es una mala política pública.
Finalmente, un tercer problema grave es la reducción del financiamiento de muchas universidades. Según se ha anunciado, este sistema le ahorra recursos al Estado y le hace más barata la educación a los jóvenes. Entonces ¿quién paga? Al igual que con la implementación de la gratuidad, pagarán las mejores universidades del país al ver reducidos sus ingresos.
La gratuidad ya introdujo un problema al fijar aranceles. Los estudiantes con gratuidad, que se extiende hasta el sexto decil, acceden a aranceles fijados por la Subsecretaría de Educación Superior, los que distinguen entre universidades, pero son claramente insuficientes. Para quienes pertenecen a los deciles 7, 8 y 9 la universidad puede exigir un copago, pero regulado y acotado. Solo los alumnos del décimo decil pagan el arancel completo. Por lo tanto, el margen para cobrar el arancel más adecuado, necesario para financiar parte importante del presupuesto universitario, solo se puede hacer con los deciles superiores de ingreso. Para agravar esta situación, en la propuesta actual el arancel será fijado para los nueve primeros deciles, rigidizando aún más la principal fuente de ingresos de las universidades.
A una universidad que tiene costos bajos porque solo hace docencia con profesores part-time, le basta con aumentar la matrícula, siempre que se lo permitan, pues estas también se regulan. Sin embargo, en las universidades de excelencia en Chile el costo por estudiante es bastante mayor y, por lo tanto, sus posibilidades de expansión estarán muy limitadas.
Las universidades entonces tendrán incentivos para captar jóvenes del décimo decil en desmedro de quienes pertenecen a los primeros nueve. Llama la atención que quienes se dicen progresistas diseñen un sistema con tantos incentivos a la exclusión. No me extrañaría, además, que, para evitar este impuesto, aparezcan en el mercado ofertas de crédito, con menor regulación incluso que el CAE.
Habría sido mucho más eficiente aliviar a los jóvenes que hoy lo están pasando mal por sus dificultades para pagar el CAE y mejorar las condiciones actuales del crédito, aumentando, por ejemplo, la magnitud del subsidio existente.
No era necesario crear un sistema de impuesto a los profesionales, que además reducirá el financiamiento a las principales universidades del país, quitándoles competitividad, limitando aún más su autonomía, dejándola en manos de la autoridad política y yendo justamente en la dirección contraria a la que la educación universitaria de excelencia necesita en Chile.