El Congreso estaría por aprobar una ley que “moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y transparencia” de las policías (Boletín 12.250-25). Proyecto presentado por el Ejecutivo en 2019 y cuyo origen son las propuestas del Acuerdo Nacional de Seguridad Pública de 2018. En su estado actual, el proyecto introduce algunas mejoras respecto de la regulación de las policías estableciendo, por ejemplo, un sistema de planificación estratégica más claro, algunos deberes de producción estadística, rendición de cuentas más intensos y el fortalecimiento de mecanismos de auditoría y de control financiero. Sin embargo, es necesario enfatizar que se trata de cambios parciales e insuficientes.
La necesidad de avanzar a una transformación profunda de Carabineros tiene consenso técnico y político desde hace ya algún tiempo, dejando atrás las agendas parciales de modernización institucional que habían primado hasta hace poco. Los escándalos producidos entre 2017 y 2020 así lo demostraron, incluyendo el denominado caso “Pacogate”, la “Operación Huracán”, el asesinato de Camilo Catrillanca y el desempeño policial durante el estallido social. Informes elaborados por comisiones del Ejecutivo y el Senado en 2020 mostraron un camino de transformaciones. Pero al parecer la búsqueda de estos cambios estructurales se encontró con diversas modificaciones y adecuaciones parciales que dejaron atrás la voluntad de avanzar en una reforma profunda y reinstalaron la idea de una modernización “en la medida de lo posible”.
La magnitud de los cambios requeridos no está adecuadamente recogida en el proyecto actual. Con la dificultad que implica una transformación institucional y los esfuerzos políticos que para ello se requieren, se corre el riesgo de que esta ley sea vista y comunicada como una forma de legitimar la mantención del statu quo. El proyecto opera en una lógica reactiva, es decir, con miras a hacerse cargo de algunos problemas urgentes, pero sin poner atención en una visión prospectiva de nuestra institucionalidad policial. Esto representa un límite acerca del alcance transformador que es indispensable de considerar. Por lo mismo, será difícil que logremos niveles de confianza, credibilidad y legitimidad policial si no estamos abiertos a iniciar una discusión profunda acerca del tipo de policía que queremos para el futuro. Esto debiera llevar a examinar algunas premisas básicas sobre las cuales se ha estructurado Carabineros y que hasta ahora parecían intocables, como también la forma en que debiera relacionarse con la comunidad. Es una discusión compleja, que debe abordarse sin prejuicios, pero que proyectos como el que comentamos omiten por completo.
Un ejemplo es la propuesta de sistema de control de abusos policiales. En el proyecto aprobado se plantea un modelo que descansa exclusivamente en el control interno, allí donde las propuestas disponibles enfatizaban la necesidad de incorporar sistemas externos y buscar fórmulas de hacer efectiva una supervisión civil en estas materias. ¿Qué pasó con la vocación transformadora? No lo sabemos, pero perder la oportunidad de transformar el sector seguridad de forma seria puede traer enormes consecuencias en la crisis de legitimidad policial, en la percepción de que la autonomía se mantiene y sobre todo en la responsabilidad política de aquellos que auspician que todo cambia para que nada lo haga. Tal vez llegó el momento de no priorizar la aprobación de la ley, sino el trabajo sobre los procesos necesarios para consolidar la transformación que efectivamente se requiere.