El pasado viernes 18 de octubre estalló en Chile la crisis política y social más grave que hemos vivido bajo los gobiernos democráticos post dictadura. Como todo suceso político y social, las causas son diversas, algunas de largo plazo y otras asociadas a la coyuntura.

Partimos con estudiantes secundarios que se organizaron a través de la redes sociales para realizar evasiones masivas en el Metro de Santiago el cual había recientemente aumentado su tarifa. Una acción política de protesta, sin embargo el el gobierno lo interpretó como un problema de orden y seguridad, llenando las estaciones de metro con policía. Ello aumentó los niveles de tensión y conflicto, los cuales escalaron a tal nivel que el gobierno decidió cerrar toda la red de metro el viernes por la tarde, generando caos peatonal y vial en la ciudad.

El gobierno desapareció en su rol político. Dejó el problema en manos de las policías que fueron rápidamente sobrepasadas. Las imágenes de uso de la fuerza policial terminaron de abonar en la frustración de diversos grupos juveniles. Así en menos de 6 horas se potenció la violencia y el vandalismo. Si bien no hay claridad de los autores que provocaron millonarios daños en la ciudad y red de metro, se puede afirmar que estos hechos evidenciaron un gobierno sobrepasado. Así, sin mediar acción política alguna, el gobierno decretó el Estado de Emergencia y dejó las principales ciudades del país bajo la administración de los militares.

La respuesta ciudadana fue de estupor, aumentaron las manifestaciones políticas, las marchas, caceroleos, barricadas así como saqueos y disturbios contra la propiedad pública y privada. El gobierno respondió con toque de queda el día sabado. Para el domingo, se agravó la violencia y el Presidente estableció que “el país se encontraba en guerra contra un poderoso enemigo interno”.

En medio de todo este proceso las violaciones a derechos humanos han sido señaladas por todos los actores ligados a esta temática. Hay 18 muertos y miles de lesionados y detenidos. No es claro aún las circunstancias de las muertes así como los contextos de detención. Se han interpuesto denuncias que incluyen desde torturas hasta abusos sexuales. Policías y Fuerzas Armadas han ejercido la violencia en democracia y se requiere de mecanismos claros e independientes de investigación. El problema siempre fue político y al militarizarlo el gobierno dejó la puerta abierta para las acciones de violencia que se han conocido y seguirán detallando en el futuro.

Los cambios que requiere Chile son estructurales, la salida a esta crisis traerá reformas sociales, políticas y económicas profundas. Pero también requiere de una revisión del control civil sobre policías y militares, de la resolución de las denuncias de violación de derechos humanos, de la certeza que no se está permitiendo violencia estatal como respuesta ante la inoperancia política. Las dudas sobre el proceso que viene son enormes. Solo tenemos una claridad: es imposible avanzar en la consolidación de una sociedad más justa e inclusiva si queda en el aire las denuncias de violación de derechos humanos por parte de militares y policias. Políticas de memoria, lucha contra la impunidad y reformas en el gobierno de la seguridad son piezas fundamentales de cualquier cambio.