Las reformas legales y políticas públicas que se han implementado y discutido en materia de seguridad en los últimos años no han considerado adecuadamente los impactos que podrían generar al sistema penitenciario. Estos son profundos y se presentan en distintas dimensiones. Pensar que ellos se solucionan solo con propuestas de construcción de más cárceles (públicas o concesionadas, más cercanas o lejanas a centros urbanos) es un error. Necesitamos comprender adecuadamente por qué hemos llegado a esta situación y de qué manera algunas de las decisiones que estamos tomando afectarán el sistema carcelario de los próximos años.

La crisis de sobrepoblación penitenciaria actual es resultado de una serie de decisiones que hemos tomado en los años recientes.
Aunque era esperable que ellas se tradujeran en una mayor población penal, seguimos funcionando como si todo lo que se decidió en materia de aumento de penas y flexibilización en el uso de la prisión preventiva, entre otras, no tuviera impacto.

Al observar la tendencia reciente vemos un aumento significativo de la población en régimen de control cerrado a partir del año 2021 (fuertemente explicado por el aumento de personas en prisión preventiva). En la actualidad dicha población llegaría a cerca de 55.000, la cifra más alta de la que se tenga registro en el país y que supera en alrededor de 30% la capacidad instalada en nuestros recintos penitenciarios.

Una segunda dimensión de la crisis tiene relación con los recursos disponibles. El presupuesto asignado a Gendarmería para las labores de custodia y reinserción se ha mantenido estable desde 2019 e incluso con una leve baja, a pesar del enorme aumento de la demanda en el mismo período. Existe además un fuerte deterioro de la relación entre funcionarios penitenciarios nominales y reclusos, pasando de una tasa de 3,27 reclusos por funcionario el año 2019 a 3,83 en 2023.

Al mismo tiempo, la cantidad de reclusos por funcionario penitenciario se ha deteriorado aún más cuando uno considera el rápido aumento de las licencias médicas que ha afectado al personal. En el último par de años, ha crecido de 40 mil a 60 mil. También lo ha hecho la extensión promedio de las licencias, equivalente a un 33% más entre 2021 y 2023. El promedio de días de licencia para el año 2023 en Gendarmería sería de 48,5, muy superior al promedio nacional de 2022 para el sector público: de 35,4 días. Todo ello implica que la tasa real de reclusos por funcionario aumenta a 4,39.

Nuestra preocupación es que detrás de estos números se esconden impactos de diversa naturaleza que muestran un panorama grave. Por cierto, ellos dan cuenta de problemas serios para cumplir con condiciones de dignidad mínimas y respeto de derechos fundamentales de los reclusos.
A su vez, muestran un fuerte deterioro de la capacidad de reinserción social que pudiera tener el sistema (por ejemplo, al no existir condiciones para una adecuada segregación o no contar con oferta programática que satisfaga las necesidades). Se suman a ello serios problemas para la gestión penitenciaria y un deterioro significativo de las condiciones de trabajo de los funcionarios -lo que podría explicar a su vez el aumento de las licencias).

Por cierto, este escenario es caldo de cultivo para aumentar los problemas de seguridad al interior de los recintos penitenciarios y con proyecciones extramuros. Urge entonces preservar una mirada sistémica que nos permita ponderar los riesgos e impactos de las decisiones que se adopten y en especial las propuestas del debate al cual asistimos.