Hace 20 años, la Concertación buscó aprobar un proyecto de ley que establecía primarias para la elección de candidatos a la presidencia. La derecha lo objetó ante el Tribunal Constitucional y éste le dio la razón a su argumento: resultaba inadmisible utilizar recursos públicos para el beneficio de los partidos políticos. Dos décadas después, los partidos de dicho sector participan de las primarias, han utilizado legítimamente la institucionalidad y han logrado un candidato. Irónicamente, quienes alguna vez promovieron este mecanismo ahora lo han desechado, por simples beneficios personales.
Pero a pesar que los descontentos abundan y constando una parcial participación electoral, estas primarias han demostrado que existe un conjunto de diferentes y atrevidas ideas -como pocas veces hemos tenido disponibles para confrontar y escrutarlas públicamente desde el retorno a la democracia- que han tenido la virtud de evidenciar los consensos sobre asuntos estructurales de nuestro país, probablemente frente a la necesidad de presentar formalmente programas que conquisten a los electores. Algo que se puede comprender fácilmente a pesar de las torpezas de Piñera, la ingenuidad de F. Kast, las brutalidades de Ossandón, el buenismo de Sánchez, el estilo de niño terrible de Mayol y la exclusión vergonzosa de Lagos.
Es cierto que nuestra democracia adolece de una crisis de confianza, entre otras cosas, por las prácticas en torno al sistema binominal, pero todos han propuesto reforzarla de algún modo. Se ha discutido si necesitamos más regulación, menos regulación o regulaciones distintas, pero nadie ha planteado sustituir el rol de los mercados en la economía. Sabemos que la desigualdad es destructiva y que son indispensables políticas redistributivas, pero ninguno cree que la solución sea suprimir la propiedad privada o impedir la intervención del Estado. Existe plena conciencia de que nuestro sistema de seguridad social requiere de cambios urgentes, para encontrar un modelo sostenible que permita mejorar el monto de las pensiones. Todos afirman que el crecimiento es importante para las mejoras en bienestar social, manteniendo la disciplina fiscal. Así las cosas, las discrepancias están en los medios, no en los fines.
Más allá de la opinión negativa que sobre este proceso han tenido los «intelectuales orgánicos» -una expresión que Gramsci utilizó para referirse a los que defienden cohesiones ideológicas hegemónicas-, lo cierto es que ella ha permitido demostrar que es viable deliberar legítimamente en base a ideas, aun las más adolescentes, porque a través de un proceso algo más horizontal ha sido posible descubrir, curiosamente, que tenemos más consensos de los que creemos para un pacto de gobernabilidad inclusivo de largo plazo.
