A poco más de una semana de la cuenta pública del Fiscal Nacional, siguen las polémicas. Ahora por una reunión que habría tenido la actual máxima autoridad del Ministerio Público con el entonces senador Larraín y el abogado querellante del caso Caval antes de que fuera ratificado en su cargo por el Senado.

En su momento otras citas privadas, como con el senador Girardi y el abogado de ME-O, también fueron criticadas. En particular porque el Ministerio Público lleva casos en los que están envueltos parlamentarios, como los de financiamiento ilegal o el posible desvío de recursos de asesorías externas, en las que el Senado se ha negado a entregar toda la información.

Esto nos vuelve a llevar a un tema que ha surgido a raíz de los nombramientos en que participa el Congreso y la transparencia (o la falta de) que envuelve estos procesos. Desde la sociedad civil hemos señalado que es importante terminar con el “cuoteo” que muchas veces impera en los nombramientos de organismos tan relevantes como el Ministerio Público, la Contraloría o el Tribunal Constitucional.

Si bien es razonable que los parlamentarios quieran formarse una opinión sobre lo que los distintos postulantes a estos cargos plantean hacer en caso de ser designados, es necesario que esto se haga a través de conductos formales y no en reuniones privadas donde la ciudadanía no puede enterarse de su contenido. Así se evitan las sospechas que luego se pueden generar en la opinión pública de “acuerdos” o “arreglines”.

Por esto, debemos avanzar en una regulación que contemple que los postulantes presenten sus antecedentes de forma pública, en audiencias transmitidas y que medie un plazo prudente entre éstas y su ratificación.

El Senado en junio del 2016 adoptó medidas de buenas prácticas en lo anterior, estableciendo que toda reunión con un postulante debe publicarse en su sitio web. Esperemos esto se convierta en una regla y avancemos hacia mayores estándares de transparencia.