La libertad de prensa, de expresión y de acceso a al información pública son elementos indispensables para el sistema democrático. Permiten al público ejercer su derecho a recibir información veraz, para que cada uno forme su opinión en base a los hechos, buscando que en las deliberaciones en el espacio público se actúe lealmente. El periodismo cumple un rol central en el escrutinio del poder: suele incomodar y, por lo mismo, debe ser institucionalmente protegido.
De ahí la gravedad de la información, conocida las últimas semanas, de que personal de inteligencia del Ejército habría solicitado información de seis profesionales, todos ellos dedicados al periodismo de investigación. La práctica conocida hasta ahora no es muy distinta de la que se viene utilizando en países con cuestionables estándares en materia de libertad de prensa como sucede, a título simplemente ejemplar, con China, Rusia, Turquía, Venezuela, Colombia y México.
En la actualidad la Corte Europea de Derechos Humanos se encuentra discutiendo la vigilancia masiva realizada por servicios de inteligencia alemana, que acusó Reporteros Sin Fronteras. Se denuncia que dichos organismo habrían espiado las comunicaciones de la organización con periodistas y otras personas en el extranjero, amenazando el ejercicio del periodismo y sus fuentes. El asunto fue declarado admisible en enero de este año.
En el caso nuestro, la situación del periodista Mauricio Weibel es extremadamente grave. Sus investigaciones se vinculaban directamente con las prácticas corruptas al interior del Ejército, del cual realizó documentadas publicaciones, y es esa misma institución la que obtuvo autorización judicial para su seguimiento sobre la base de información falsa.
El asunto exige poner atención en el tipo de escrutinio que deben aplicar los jueces en estos casos, especialmente, cuando existen profesiones protegidas. Un protocolo con preguntas elementales podría desincentivar varias de estas malas prácticas. Resulta conveniente no olvidar que, en el caso de los periodistas, la Ley de Prensa les garantiza la reserva absoluta de la fuente, sin las cuales su desempeño sería imposible.
En la profesión legal sucede algo similar. En el año 2011 la Corte Suprema ordenó al Estado indemnizar a un abogado defensor porque se habían interceptado sus comunicaciones, afectando el secreto profesional con su cliente en un caso asociado al conflicto mapuche. Se acreditó que al momento de pedir la autorización judicial se había ocultado quién era la persona vigilada.
En tiempos donde pareciéramos transitar por un largo callejón de pesadillas, las amenazas a la libertad de prensa también lo son para el futuro de la democracia.
