La Subsecretaria de Telecomunicaciones acusó, a raíz del congelamiento de la banda 3,5 GHz, un «lobby feroz» de las empresas de telecomunicaciones, el cual sería habitual cuando se discuten regulaciones que las afectan. Un medio de comunicación reportó alrededor de 67 audiencias de lobby por parte de estas empresas con autoridades. Lo anterior, a través de reuniones formales, solicitadas por la plataforma de la Ley de Lobby.

El año 2014 entró en vigencia la Ley de Lobby que viene a regular una actividad que muchas veces se confunde con el delito de tráfico de influencias. Su objetivo fue transparentar quiénes se reúnen con las autoridades con el objetivo de intentar influir en una decisión que puede adoptar, así como emparejar la cancha al establecer la posibilidad de cualquier persona interesada de solicitar una audiencia con una autoridad a través de un formulario. Lo anterior es legítimo y además nos permite tener información que antes no era transparente. Si bien hay varias críticas y formas en que esta ley se puede perfeccionar, sin duda estamos frente una mejor situación que antes de ella, donde no había modo de saber quiénes y cómo trataban de influir en las autoridades. El problema es que, al parecer, también se habrían realizado presiones o reuniones informales, las cuales no tenemos cómo conocerlas. En este caso, habría que estar atentos a no encontrarnos frente a un caso real de tráfico de influencias y sería deseable que las autoridades realizaran las denuncias pertinentes cuando esto ocurra, para que realmente podamos distinguir entre actividades legítimas e ilegítimas de la industria.

La ciudadanía cada día demanda mayor información y transparencia de cómo se adoptan las decisiones, por eso, se deben utilizar los canales formales y regulares para interactuar con la autoridad, particularmente cuando se está abogando por una política en la cual los intereses de las empresas no son precisamente los que más benefician a los ciudadanos.