Londres y Santiago configuran un canal común para los reguladores
El británico Betting and Gaming Council (BGC) firmó con la asociación chilena Agrupación de Plataformas de Apuesta en Línea (aPAL) un acuerdo de cooperación por un año. El objetivo declarado de la alianza consiste en el intercambio de prácticas regulatorias y en apoyar a Chile en su preparación para un mercado legal de juego en línea, que, si la legislación evoluciona favorablemente, podría iniciarse con el otorgamiento de licencias ya para 2027.
En el BGC subrayan que el acuerdo tiene un carácter deliberado y de duración limitada. Para Londres es una oportunidad de compartir la experiencia de un marco regulatorio maduro, y para Santiago es una forma de superar más rápido la etapa de diseño de las normas, sin inventar el sistema desde cero y sin repetir errores ajenos que, en otros países, le han costado al mercado costes reputacionales y judiciales.
El mercado en línea de Chile hoy funciona, pero la normativa no va al ritmo
Las apuestas en línea y los juegos de tipo casino en línea en Chile existen en un régimen de zona gris. Todavía no existe un sistema específico de licencias que establezca requisitos uniformes para los operadores y garantice a los jugadores un conjunto estándar de mecanismos de protección, por lo que el mercado lleva años viviendo en condiciones de incertidumbre.
En la práctica, esto se expresa en una sucesión de conflictos y soluciones temporales, cuando la regulación es sustituida parcialmente por litigios, restricciones de acceso e interrupciones de pagos. En un entorno así, las empresas cumplidoras no obtienen una hoja de ruta clara para operar legalmente, y el Estado está limitado en sus instrumentos de control, ya que las cuestiones básicas de estatus y facultades siguen siendo objeto de desacuerdos políticos.
Las evaluaciones de expertos indican que los jugadores chilenos realizan sus apuestas principalmente a través de casinos en línea con licencias internacionales, como Parimatch, 1xSlots, 1xBet, Mostbet y Pin-Up. Los datos de sitios informativos de los primeros resultados de búsqueda indican que las empresas internacionales ofrecen a los jugadores no solo versiones en español de los sitios, sino también un servicio de atención al cliente cuyos empleados hablan español. En un sitio web con una reseña del casino en línea 1xSlots se indica por separado la posibilidad de realizar liquidaciones en pesos.
Según datos estadísticos, en 2025 alrededor de cinco millones de chilenos hicieron apuestas al menos una vez. Debido a que este ámbito se encuentra en una zona gris, el país se ve privado de importantes ingresos fiscales. Según estimaciones preliminares, estos superarán los ingresos del sector de las apuestas presenciales, que en el país está bastante desarrollado.
Un sector presencial maduro acentúa el contraste con el vacío en línea
Al mismo tiempo, el juego presencial en el país cuenta desde hace tiempo con una infraestructura sólida. En Chile operan casinos físicos, existe el sector de las carreras de caballos, así como un mercado de loterías en régimen de duopolio, lo que crea la imagen de una industria relativamente madura junto a un segmento en línea no formalizado.
El contraste también es evidente en el debate público. La existencia de formatos presenciales regulados hace más difícil de explicar la situación en la que el canal digital, con una demanda comparable, permanece fuera de un marco jurídico específico, y los requisitos habituales de los mercados regulados en materia de controles, transparencia y responsabilidad del operador se aplican de forma no sistemática.
Los bloqueos y las restricciones pasan a formar parte de la aplicación de la ley
En 2025, la Corte Suprema de Chile ordenó bloquear el acceso a sitios web de apuestas en línea que operaban sin autorización. La decisión subrayó que la disputa en torno al estatus del sector en línea dejó de ser un debate teórico y pasó al terreno de las medidas prácticas, donde están en juego la disponibilidad de los servicios y la estabilidad de los canales de pago.
Al mismo tiempo, tales medidas parecen un síntoma, no un sistema integral. Sin un registro único de licencias y criterios de legalidad claros, los bloqueos y la restricción de pagos corren el riesgo de convertirse en un prolongado juego del gato y el ratón, cuando los dominios y las rutas de liquidación cambian más rápido de lo que alcanza a reaccionar el dispositivo de aplicación de la ley.
Qué se contempla en el proyecto de ley de regulación
El proyecto de ley que se debate en Chile está orientado a crear un mercado regulado con otorgamiento de licencias, tributación y requisitos de protección del consumidor, así como con facultades de supervisión y sanciones. En la agenda pública se menciona con frecuencia la iniciativa Boletín 14838/03, que abarca las apuestas en línea y los juegos de tipo casino en línea y consagra instrumentos de control del cumplimiento de las normas.
Según la evaluación del BGC, las condiciones políticas en Chile se han vuelto más favorables para el impulso de la legislación, aunque el propio proceso se debate desde hace años. La lógica del proyecto se apoya en un conjunto estándar de elementos que se aplican en jurisdicciones con un mercado en línea legal:
- licencias con condiciones de acceso y requisitos para los operadores
- obligaciones tributarias e informes financieros
- medidas de protección de los jugadores, incluido el control de riesgos y la transparencia procedimental
- facultades de supervisión y mecanismo de sanciones por infracciones
El debate en el parlamento se centra en la secuencia de los pasos
Parte de los legisladores parte de la idea de que el Estado debería primero reforzar la represión de los operadores ilegales y demostrar una línea dura, y solo después consagrar las normas. En esta lógica, la aplicación coercitiva de la ley se considera una condición previa que debe reducir la escala de la oferta sin licencia y fortalecer la posición negociadora del Estado.
Este enfoque también tiene un punto débil, del que hablan los opositores. En ausencia de un canal legal y de un estatus claro del regulador, cualquier campaña contra los operadores ilegales puede producir efecto solo en un tramo corto, y luego chocar con la movilidad tecnológica del mercado y la necesidad de ampliar constantemente la lista de prohibiciones.
Los argumentos de las partes y el papel del acuerdo entre el BGC y aPAL
Otra línea en las disputas parlamentarias se construye en torno a la idea de que una represión eficaz es posible después de la aparición del otorgamiento de licencias y de un regulador con facultades claras. Entonces el enforcement, es decir, la aplicación de la ley, deja de ser simplemente una medida prohibitiva y pasa a ser parte de una arquitectura en la que el operador legal obtiene reglas claras y el ilegal se enfrenta a una expulsión progresiva de la infraestructura.
Un representante de aPAL, el abogado chileno Carlos Baeza, describió el problema como la ausencia de supervisión, en la que los jugadores se quedan sin mecanismos de protección y el Estado sin visibilidad y control. Afirmó que Chile tiene la posibilidad de construir un marco regulatorio moderno y sostenible, que protegerá a los consumidores, reducirá la actividad ilegal y garantizará beneficios sociales tangibles.
El BGC representa a una parte significativa del sector regulado británico, y aPAL fue creada en 2022 por operadores internacionales que trabajan en Chile y buscan un acceso legal claro al mercado. Las partes acordaron un plazo de cooperación de un año y un contenido práctico del trabajo:
- intercambio de base probatoria y lecciones de los mercados regulados
- interacción con políticos a medida que avance el proyecto de ley
- debate sobre estándares de protección del consumidor e instrumentos contra los operadores sin licencia
En este contexto, también cambia el tono de la agenda chilena. El debate cada vez con menos frecuencia se reduce a la cuestión de la existencia de las apuestas en línea y cada vez más pasa a la cuestión de quién y en qué condiciones podrá operar, qué garantías recibirán los jugadores y qué palancas tendrá el Estado contra la competencia sin licencia. En la industria, Chile sigue siendo percibido como una jurisdicción bajo observación; sin embargo, la aparición de un intercambio internacional de experiencia formalizado parece una señal de avance hacia una solución regulatoria más definida.