Desde enero un grupo de abogados constitucionalistas -entre ellos nuestro director Luis Cordero- trabaja en un documento con 25 propuestas para reformar el Tribunal Constitucional.

Al grupo, coordinado por el académico de la Universidad Diego Portales, Gastón Gómez, también se suman los abogados Martín Canessa (UC), Patricio Zapata (UC), Isabel Aninat (CEP), Gloria de la Fuente (Chile 21), Arturo Fermandois (UC), José Francisco García (LYD), Enrique Navarro Beltrán y Pablo Ruiz Tagle (U. de Chile), entre otros.

En el informe final de 75 páginas, que será próximamente entregado al gobierno, las y los expertos y académicos proponen actualizaciones a los nuevos estándares de transparencia en materias de nombramientos e influencia en la materialización de las leyes.

Los cuatro ejes de las propuestas

Entre las primeras propuestas de cambio se encuentran las vinculadas a control preventivo. Los especialistas manifiestan en el documento la necesidad de sustituir el control preventivo y obligatorio de la constitucionalidad de las leyes y limitarlo de forma excepcional, donde la sugerencia es reemplazarlo por “un control represivo y facultativo”.

Respecto a los polémicos nombramientos de los integrantes del Tribunal Constitucional, los especialistas proponen que la designación de tres de diez ministros que son nombrados por el Presidente de la República se haga luego de una precalificación por parte de una nueva comisión autónoma de nombramiento.

Además, proponen nuevas leyes de transparencia para la elección de los cuatro altos magistrados que son designados por el Congreso y los tres por la Corte Suprema.

En tercer lugar, y a propósito del proceso de descentralización, los abogados proponen que el Tribunal Constitucional sea quien dirima en caso de conflictos en el traspaso de competencias de los ministerios a los gobiernos regionales.

Finalmente el cuarto eje apunta a los recursos de inaplicabilidad (revisión de la inconstitucionalidad de la aplicación de una norma en un caso específico) y de inconstitucionalidad (declarar derechamente inconstitucional esa ley o norma).

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Imagen: cc Ministerio Secretaría General de Gobierno.