El proceso de nominación de la ministra María Angélica Repetto a la Corte Suprema está demostrando con nitidez que lo que subyace a su designación no son sus méritos como jueza, que nadie ha cuestionado, sino los equilibrios que pueden afectar al tribunal tras el término del segundo mandato de Sebastián Piñera.

Nadie que pertenezca a la política o al mundo legal puede desconocer que a esta administración le correspondía renovar un tercio de los ministros de la Corte Suprema. El tema no es trivial, porque la derecha, desde su retorno a La Moneda mediante elecciones democráticas, ha tenido relaciones complejas con el máximo tribunal. Especialmente porque tanto los juristas de derecha como los miembros de ambas administraciones del Presidente Piñera han acusado a sus integrantes de activistas y garantistas, una imputación que, como he señalado en otro momento, desconoce la cultura de derechos que la Corte Suprema ha desarrollado en las dos últimas décadas, con indiferencia de las preferencias políticas de sus miembros.

El proceso de la ministra Repetto deja en evidencia esta situación, especialmente desde que la oposición señaló que no votaría a su favor, no por sus atributos, sino por la estrategia del Gobierno, tras la frustrada nominación de la ministra Lusic, de omitir cualquier tipo de conversación en torno a su nombre antes de enviarlo al Senado. Los senadores de oposición han entendido que lo que está en juego con este nombramiento es el modo en que se generarán los acuerdos para los nombramientos pendientes de aquí a marzo de 2022. Si se considera que cinco de ellos corresponden a jueces de carrera y dos serán abogados externos, ello terminará por definir el perfil de la Corte para los próximos años.

Porque, aunque el Senado hubiese mejorado el mecanismo de escrutinio sobre los postulantes, lo que no deberíamos olvidar es que, incluso cuando la candidata tenga méritos para ser promovida a la Corte Suprema, la definición de quienes integran el máximo tribunal sigue siendo una decisión que depende del compromiso de órganos políticos que lo invisten de legitimidad democrática, una cuestión insalvable en un razonable estado de derecho.

Así las cosas, el Presidente de la República, su ministro de Justicia y el Senado deberían ser conscientes de que la decisión acerca de Repetto y el pacto que puedan lograr esta semana son determinantes para la sanidad del sistema institucional.

Excesos, intransigencias y gustos personales pueden terminar por comprometer lo que constituyó uno de los acuerdos relevantes forjados tras comprometer lo que constituyó uno de los acuerdos relevantes, forjados tras el retorno a la democracia, para evitar los errores y horrores del pasado: una Corte Suprema profesional, imparcial, diversa e independiente, capaz de controlar eficazmente las inmunidades del poder.