Una de las principales promesas de campaña del Presidente Kast fue auditar el Estado “escritorio por escritorio”. Al poco andar, el gobierno reconoció la imposibilidad de contratar una firma internacional para dicha tarea, y optó por encargar la “Inspección Total” al Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, integrado por autoridades de confianza del mandatario.

Dicho comité ha publicado tres reportes con “alertas” sobre potenciales irregularidades. El último de ellos afirma que, para el periodo 2022-2026, se habían detectado más de $1,4 billones transferidos por el Estado a fundaciones sin una rendición acreditada. Las reacciones no se hicieron esperar: la UDI prometió concurrir al Consejo de Defensa del Estado (lo que finalmente no ocurrió), diputados acusaron un “saqueo sistemático del Estado” y la cobertura mediática contribuyó a instalar la idea de que las fundaciones habían mal utilizado los recursos.

Sin embargo, pronto surgieron cuestionamientos respecto del alcance de las alertas del comité. Lo cierto es que los reportes sólo contienen afirmaciones generales y no vienen acompañados con los antecedentes necesarios para contrastar la información. Asimismo, algunos de los servicios aludidos señalaron que los montos traspasados a las fundaciones fueron rendidos oportunamente, aunque parte de ellos no han sido formalmente aprobados debido a atrasos del Estado (recordemos que los controles fueron endurecidos luego del Caso Convenios).

Si bien el comité sostiene que sus hallazgos son sólo “alertas” y no denuncias formales, la imagen que han instalado es la de un Estado que despilfarra recursos mientras una red de fundaciones lo aprovecha para beneficio propio. La realidad, sabemos, es muy distinta. La gran mayoría de las fundaciones colaboran eficientemente con el Estado en la provisión de servicios para sectores vulnerables de nuestra población, beneficiando a más de 3,6 millones de personas al año.

Ya sea por premura, desprolijidad o por la intención de obtener ganancias políticas de corto plazo, lo cierto es que los reportes del Comité han aportado poco a la lucha contra la corrupción y, en cambio, han generado un daño enorme a la reputación de la sociedad civil y los servicios públicos. Lo anterior ocurre, además, en un contexto en que el tercer sector ya ha visto afectada su legitimidad por culpa de un puñado de fundaciones involucradas en el Caso Convenios.

Nadie duda que controlar el uso de los recursos públicos es una tarea fundamental de todo gobierno. Sabemos también que la relación entre el Estado y las fundaciones requiere avances normativos y una mejor gestión, como lo evidencian las recomendaciones pendientes de la Comisión Jaraquemada. Pero para que este esfuerzo sea efectivo, debe ser realizado con mayor rigor técnico y menos altisonancia.