En 2015 estalló públicamente el denominado «Milicogate», un masivo caso de fraude en el Ejército a fondos de la Ley Reservada del Cobre por oficiales del Ejército de Chile para su enriquecimiento personal. Recientemente nos enteramos de otro posible fraude en la compras de pasajes y estadías en el extranjero con sobreprecio y que terminaban en el bolsillo de miembros de las Fuerzas Armadas.

Ambos casos no hacen sino develar que el financiamiento de las fuerzas armadas —modelo heredado de la dictadura- no es lo suficientemente transparente, con rendición de cuentas y control civil. Lo anterior no hace sino generar el caldo de cultivo perfecto para la corrupción que, al parecer y a diferencia de lo que indican ciertas autoridades castrenses, no se tratan de casos aislados sino que de una máquina para defraudar.

Hoy nuestro Congreso discute una propuesta que retorna un proyecto de ley en la materia del primer gobierno del Presidente Piñera. Sin embargo, hay varios temas que aún preocupan y que no se hacen cargo del problema de fondo. No basta con derogar la Ley Reservada del Cobre, sino con establecer mecanismos de controles cruzados, mayor transparencia y subordinación al poder civil.

El año 2015, y meses antes de que este escándalo estallara, la Comisión Engel hizo una serie de propuestas que, a nuestro juicio, no se recogen adecuadamente en el proyecto en discusión, tales como dotar de una mayor capacidad al Congreso Nacional para el control eficiencia y transparencia de las compras en Defensa, limitando gastos fuera del presupuesto; fortalecer las capacidades técnicas de las Comisiones de Defensa del Congreso; preservar la confidencialidad de los gastos sólo en casos específicos, predefinidos en base a criterios conocidos y formulados con la participación de expertos independientes y que los proyectos de Defensa sean evaluado! con metodologías especializadas considerando un Plan Estratégico Nacional. Si realmente queremos evitar que la corrupción siga campeando en nuestras fuerzas armadas, se requiere hacer cambios drásticos en los modos en que éstas se financian, evitando la discrecionalidad, opacidad y falta de control actuales.