La transición energética se ha posicionado como la principal respuesta del mundo a la crisis climática. Así, la revolución tecnológica en curso ha exacerbado la demanda internacional por minerales estratégicos, impulsando un boom comercial sobre recursos como el litio y el cobre, fenómeno que sin duda trae oportunidades pero también desafíos para un pais como el nuestro.

Interpretada como cadena de valor global, la transición es una industria que enlaza a países extractores de materias primas, procesadores industriales y consumidores de nuevas tecnologías. Mientras tanto se reordenan los bloques comerciales, forzando a los países a posicionarse en un escenario cada vez más incierto. Así, la consolidación mercantil por parte de China está siendo contestada por actores como Estados Unidos y la Unión Europea. Este punto es fundamental, dado que nuestra economía abierta al mundo puede no estar preparada para un escenario de disputa geopolítica manifestada a este nivel.

Al mismo tiempo, mientras nuestro país se acostumbra a mirar hacia paises como Canadá y Australia, nuestra experiencia institucional y técnica podría llevarnos a descuidar el escenario regional que progresivamente sitúa a Perú y Argentina como nuevos productores relevantes. Se trata, sin duda, de un escenario de creciente competitividad que tensiona la posición de Chile. No obstante, es importante relevar los incentivos que ello puede imponer —o seguir imponiendo—para flexibilizar la regulación y planificación ambiental del país, acelerando proyectos que dañan ecosistemas clave para la resiliencia climática, en favor de asegurar nuestra situación económica internacional.

Entonces, surgen preguntas urgentes: ¿qué mecanismos de respuesta tenemos ante posibles presiones extranjeras? ¿Qué estrategias de administración y control tenemos para dar seguimiento e identificar la inversión? Este punto, de hecho, es fundamental para responder al primero. A esto se suman otras interrogantes: ¿estamos dispuestos a este trade off ambiental? El riesgo de la precarización sobre nuestra legislación es real y plantearía un significativo retroceso en la institucionalidad ambiental, la misma que tanto se destaca a nivel regional y que —lejos de ser perfecta— ha costado décadas construir.

Éstas son sólo algunas de las perspectivas posibles sobre este tema, y las respuestas no son simples. La explotación de minerales estratégicos plantea tensiones profundas para la situación geopolítica y ambiental del país, que la política pública, las industrias y, por supuesto, la sociedad civil deben resolver de manera preventiva y con perspectiva de largo plazo. Sin duda, podemos adelantar que estos serán algunos de los desafíos fundamentales para 2025.