Obtener una mayor retribución por la explotación de nuestros recursos naturales es un objetivo cada vez más compartido. El desafío es encontrar el impuesto que maximice la recaudación, no afectando excesivamente la inversión.

En el caso de la minería hay muchas otras distorsiones que hoy inciden negativamente, tanto en la productividad como en la inversión del sector, a las que no se ha dado mayor importancia en la discusión pública, pero que fueron profundamente analizadas en el Informe Productividad en la Gran Minería del Cobre, de la Comisión Nacional de Productividad (CNP). Es obvio que más allá del monto específico del royalty, la recaudación sería mayor si la inversión y la producción crecieran gracias a otras políticas pendientes.

El estudio citado nos manda una señal clara y alarmante; a pesar de que Chile tiene el 30% de la producción y de las reservas mundiales de cobre, su participación en los esfuerzos de exploración solo alcanza al 18%.

El reducido esfuerzo en exploración se explica, en parte, por el bajo costo que tienen las patentes o permisos de exploración, lo que incentiva el acaparamiento de derechos más que su uso. En general, los países mineros exigen como condición para con= ceder una patente de exploración pagos por tal patente, trabajo efectivo de exploración y entregar la información geológica obtenida para que se transforme en información pública.

En Chile, solo se pide el pago de la patente, el que es muy bajo en relación con el cobrado en otros países mineros, y aún menor si también se valoran las otras obligaciones. Adicionalmente, si se declara que los recursos mineros a explorar son no metálicos, la patente baja en un 66%, lo que se presta para reportes distorsionados, Supuestamente, además, las patentes duran solo dos años y para renovarlas es necesario devolver el 50% del terreno, pero mediante prácticas diversas, como que las pida un relacionado o emigrar el permiso de exploración a patente de explotación, se van eternizando en las carteras de unos pocos.

Las patentes de explotación, por su parte, tienen duración indefinida y tampoco se pide más que el pago de la patente.

El informe de la CNP estima que habría que aumentar en 14 veces el valor de la patente de exploración y en seis veces el de explotación en Chile, para homologar el costo al promedio de las obligaciones que debe financiar un inversionista en otros países mineros, en promedio, Si restringimos la comparación a Perú, el aumento debiera ser 44 veces en exploración y 16 veces en explotación.

Así, hoy en muchas comunas de interés minero todo el territorio está concesionado y no hay posibilidad de explorar para un nuevo inversionista. Las grandes empresas mantienen en su cartera todos los permisos y los usarían según las condiciones del mercado, pero limitadas por sus capacidades ejecutivas y de financiamiento.

El objetivo es reducir los incentivos a acaparar y que los recursos estén disponibles para todos aquellos dispuestos a invertir, La CNP propone que la patente vaya creciendo en el tiempo, ponerle límites temporales a la patente de explotación y que para obtenerla se presente evidencia de la existencia de mineral y planes mínimos de trabajo.

Hay varias combinaciones de política para alcanzar el objetivo, pero no hacer nada no debiera ser la alternativa.