SEÑOR DIRECTOR

En los últimos días se ha conocido que el gobierno prepara un proyecto de ley en el que se crearía un nuevo ministerio encargado de la seguridad pública, sacándole dicha función al Ministerio del Interior. Un esbozo preliminar de la idea ha sido presentado a la comisión bicameral del Congreso que discute diversos proyectos en materia de seguridad. Avanzar en la creación de un nuevo ministerio que asuma esta función tan delicada para el funcionamiento del estado de derecho me parece un paso en la dirección correcta.

La falta de una institucionalidad con mayor capacidad técnica y posibilidad de formular y sostener políticas de Estado de largo aliento en la materia es un déficit enorme en nuestra actual arquitectura institucional. Por ejemplo, fenómenos como la excesiva autonomía de Carabineros se explican, entre otras cosas, por la inexistencia de una autoridad civil que pueda cumplir en forma adecuada el rol de contraparte técnica de su trabajo y tener una conducción clara de la política policial. Por esta y otras razones, esta idea cuenta con un consenso técnico y político importante, que se ha expresado en recomendaciones formuladas por diversas comisiones desde hace algún tiempo.

La nueva institucionalidad ofrece la posibilidad de dotar al desarrollo de las políticas de seguridad de un mayor respaldo técnico, de esclarecer la responsabilidad política en su desarrollo y de ofrecer mayores posibilidades de permanencia en el tiempo. Para ello es clave un diseño institucional muy fino y que no se posterguen otras reformas de relevancia pendientes, como la de las policías. Veo con preocupación, además, dos riesgos a partir de las ideas preliminares que se han conocido. Lo primero es la tentación de sumarle funciones y dependencias que no le corresponden, transformando a este ministerio en una suerte de equeco que, finalmente, no sirva para mucho. El segundo, un diseño descuidado que no se preocupe de dotar al ministerio de lo equipos profesionales y elementos técnicos indispensables para desarrollar una política de seguridad de calidad.

Estamos a tiempo para que la urgencia en este tema no se traduzca en un apresuramiento que lleve a un mal diseño institucional y, otra vez, perdamos una oportunidad de avanzar en serio en materia de seguridad pública.