Es indiscutible que el acceso a la información pública ha implicado mejoras sustantivas en los mecanismos de control del Estado, permitiendo el escrutinio directo de cualquier ciudadano a las decisiones que adoptan los organismos públicos.
Sin embargo, una de las preguntas habitualmente planteadas es cuánta transparencia es la correcta, sobre todo cuando está en juego información que es útil para diversas decisiones públicas en la operación de los mercados. En determinados asuntos —como suele suceder en debates de estas características— la solución absoluta puede provocar consecuencias indeseadas para los propios reguladores.
Por estos días algunos casos han puesto en evidencia este dilema. Por un lado, la Corte Suprema decidió la semana pasada sobre la publicidad del uso de antibióticos en el sector acuícola. El mismo día, la misma sala, pero con ministros distintos, tuvo decisiones contradictorias. En un caso señaló que esa información en manos del organismo fiscalizador, no debía ser entregada al público desagregada por empresas, porque se afectaban los derechos de las mismas, al ser posible deducir fácilmente a partir de ella estrategias comerciales útiles para los competidores y, en el otro, sostuvo que idéntica información debía ser pública, porque la transparencia constituía un valor superior. La misma Corte semanas atrás, aplicó este último criterio para el plan de negocios de una AFP en poder de la Superintendencia. A su vez, el proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad del INE y que actualmente discute el Congreso, igualmente ha generado una disputa sobre este punto, porque dado que contiene normas estrictas para la protección del secreto estadístico —de otro modo no existirían resguardos suficientes para que cualquiera de nosotros entregue información esencial y sensible para la construcción de las cifras oficiales—, algunos han sostenido que esas reglas limitan excesivamente el acceso a la información pública.
Es evidente que la información en manos del Estado debe estar disponible para los ciudadanos porque así tenemos una mejor democracia. El punto es en qué asuntos debemos moderar su difusión dadas las consecuencias sistémicas que se pueden crear. Los casos señalados dan cuenta de que en algunas situaciones la transparencia plena puede tener resultados que afecten otros valores importantes para la política pública, como la competencia en los mercados, las discriminaciones regulatorias en una misma industria o el acceso por parte del Estado a información fidedigna en manos de terceros. Pese a su impopularidad, en ocasiones, cierto nivel de opacidad específica puede constituir también un valor público necesario de proteger.
