La última cuenta pública de la Presidenta Michelle Bachelet fue una suerte de balance y proyección de la gestión de su Gobierno. Más allá de algunos anuncios -importantes sin duda- en una gran cantidad de temas, se señalaron los avances del Gobierno en una especie de registro de logros que por sector se han alcanzado en estos casi cuatro años.
Uno de los temas relevantes que ha estado presente en la agenda pública en los últimos años ha sido el de la corrupción. Han sucedido diversos escándalos relacionados con el financiamiento irregular de la política, conflictos de intereses, tráfico de influencias y fraude al fisco, entre otros, pero el balance en esta materia fue escueto, demasiado breve para lo que se ha conseguido, quizás un tanto tímido y, sobretodo, carente de anuncios.
Reconociendo el difícil momento por el que pasan las instituciones públicas en nuestro país, la Presidenta dio cuenta del número de leyes aprobadas en relación a la transparencia y probidad, se celebró el avance en las declaraciones de patrimonio e intereses, las nuevas reglas a los partidos políticos y las campañas electorales, y nuevas sanciones al cohecho, colusión y prácticas contra la libre competencia. La mera enunciación de estos importantes logros no se condice con la trascendencia que tienen.
Hace cuatro años los chilenos y chilenas teníamos fundadas razones para desconfiar de la política. No es que hoy no las tengamos, pero ya contamos con mejores herramientas para descartar o fundamentar esa desconfianza. Las empresas privadas han sido excluidas del aporte legal a las campañas electorales y a los partidos. El órgano fiscalizador cuenta con dientes y autonomía, amenazando a la hipocresía de candidatos que entre afiches y eslóganes pasaban el platillo para ese raspadito de olla que permitiera más impresiones. Hoy tenemos un límite razonable de gasto electoral, y al menos existe la obligación de inscribir un programa de gobierno, para que las campañas sean menos publicitarias y más programáticas.
Los partidos políticos tuvieron que salir a la calle de nuevo. A todos nos debe haber parecido algo extraño durante el refichaje ver puestos de partidos políticos en la calle tratando de convencernos que sus ideas bien valían mi firma. De eso se trata la política y seguro algunos lo comprendieron, porque al final el ejercicio de sincerar los padrones fue exitoso.
Financiamiento público a los partidos políticos, obligándolos por cierto a rendir cuentas del manejo de esos recursos, más democracia interna, transparencia (sí, normas de transparencia para los partidos políticos) y elecciones internas fiscalizadas por el SERVEL, entre otras medidas que cambiarán en el mediano plazo la cultura política de la vida interior de las colectividades.
La implementación exitosa de la ley del lobby, por medio de la cual cada persona puede solicitar a través de un formulario reunión con alguna autoridad, no necesitando haber sido compañero de colegio o amigo del cuñado del primo para que lo reciban, o al menos le responda. Eso es democratizar el acceso a las autoridades, de eso se trata también el combate a la desigualdad que la propia Presidenta destacó como idea fuerza de su cuenta pública.
Hay otros logros, también importantes, que vienen a configurar no sólo la distancia entre el dinero y la política, sino también una nueva forma de vivir el servicio público, con estándares más exigentes. Pese a los avances, por supuesto que en esta materia la tarea no está terminada. Por eso preocupa que no haya habido anuncios sobre alguna de las reformas que aún se encuentran pendientes, como mejorar las normas de transparencia y probidad en los municipios, mayor rendición de cuentas de los gastos de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, o el aumento de penas a los delitos de corrupción. La tarea inconclusa nos sigue volviendo vulnerables a la crisis de confianza y legitimidad. Reconstruir la dignidad de la política es una tarea de largo aliento, que debe exigirnos como país estar permanentemente desafiados a nuevos y mejores estándares.