La agenda de probidad en nuestro país ha hecho muchos avances en los últimos años, con nuevas normas de financiamiento a la política, de alta dirección pública y para prevenir conflictos de interés. Sin embargo, aún hay temas urgentes que están pendientes y en los cuales debemos seguir avanzando.
El martes 13 de junio la comisión mixta retomó la tramitación del proyecto de ley que aumenta las sanciones a los delitos de corrupción e incorpora otros relativos a la corrupción entre privados. Según ha transcendido, en la mayoría de los casos se aumentan levemente los techos de estas sanciones (casi todos en un solo grado), pero no los pisos y muy pocos de ellos contemplan sanciones superiores a los cinco años, lo que hace poco probable que culpables de estos delitos cumplan penas efectivas y accedan a beneficios y salidas alternativas, tal como ha ocurrido hasta ahora.
Por otra parte hemos visto cómo los distintos gobiernos no han vacilado al aumentar las sanciones de delitos contra la propiedad (agenda corta antidelincuencia y hoy con los delitos de portonazos y receptación de autos robados), con sanciones más altas que llegan incluso a los diez años.
La corrupción es un fenómeno que ha azotado fuertemente a la región los últimos años y nuestro país no ha quedado inmune a esto. Sin embargo y a diferencia de lo que vemos en otros países como Brasil o España, las sanciones no son proporcionales a su gravedad ni han resultado ser disuasivas. Asimismo, creemos que también falta establecer herramientas de prevención e investigación como ocurre con otro tipo de delitos como el terrorismo, narcotráfico o en materia de libre competencia y mercado de valores, como es la delación compensada y protección de denunciantes, que han mostrado ser efectivas en otros países.
Esto no deja de ser preocupante, si se considera que la corrupción perjudica directamente a nuestro sistema democrático, afecta el desarrollo, desincentiva la iniciativa privada y reduce los recursos públicos disponibles, afligiendo en especial a los más vulnerables. Hoy las autoridades y legisladores de nuestro país tienen la oportunidad de mostrar que se ha aprendido la lección de los casos que hemos conocido en los últimos años y de dar una verdadera señal a la ciudadanía, mostrando que no hay impunidad para los corruptos y que no importa el contexto social de quien delinque, como sociedad castigamos lo que nos daña.
Por esto, los abajo firmantes, hacemos un llamado al gobierno y al Congreso a decir “No alacorrupción” (#NoALaCorrupción) y establecer para estos delitos sanciones adecuadas, proporcionales y acordes a los estándares internacionales, para que los delitos de corrupción tengan penas acordes con su gravedad y el daño que causan a la sociedad.
Firman:

Pepe Auth
Benito Barand
Cristóbal Bellolio
Jaime Bellolio
Nicola Borregaard
Daniel Brieba
Jorge Brito
Andrea Butelmann
Natalia Castillo
Andrés Celis
Pablo Collada
Luis Cordero
Miguel Crispi
Nicolás Cruz
Esperanza Cueto
Lucía Dammert
Camila De la Maza
Mauricio Duce
Valentina Durán
Rodrigo Echecopar
Eduardo Engel
Claudio Fuentes
Carlos Gajardo
Daniel García
Sebastián Gray
Manuel Inostroza
Giorgio Jackson
María Jaraquemada
Juan Ignacio Latorre
Catalina Littin
Manuel Marfán
Ramiro Mendoza
Vlado Mirosevic
Alejandra Mizala
Leonardo Moreno
José Andrés Murillo
Jorge Navarrete
Pablo Norambuena
Maite Orsini
Pablo Ortúzar
Rafael Palacios
Catalina Pérez
Alberto Precht
Patricia Politzer
Álvaro Ramírez Alujas
Drina Rendic
Andrea Repetto
Patricia Reyes
Cristián Riego
Marcela Ríos
Jorge Sahd
Elena Serrano
Susana Sierra
Pablo Simonetti
Leonardo Soto
Agustín Squella
Juan Enrique Vargas
Pablo Vidal
Mario Waissbluth
Jeannette von Wolfersdorff
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Mesa Ciudadana de seguimiento de la ley N° 20.500