Con ocasión del proceso de nombramiento de Dobra Lusic como ministra de la Corte Suprema han surgido versiones de que se habrían dado y pagado favores entre ella y John Campos, a quien el senador Harboe calificó de ‘operador jurídico’. En la audiencia ante la comisión de Constitución, la ministra Lusic no fue clara acerca de sus vínculos con esta persona, a quien declaraciones de terceros le atribuyen haber intercedido a su favor, mientras versiones, igualmente verosímiles pero no confirmadas, atribuyen a la ministra Lusic haber intercedido a favor de su nombramiento como notario suplente o interino.
La trayectoria y sentencias de la ministra Lusic nos producen respeto y admiración, especialmente en casos de derechos humanos, en períodos en que pocos jueces se atrevían a aplicar el Derecho. Ella tiene aún la oportunidad de aclarar los vínculos que se le atribuyen, si no ante la comisión de Constitución, que ojalá pudiera volver a sesionar para precisar estos hechos, al menos ante la opinión pública.
Pero si la ministra Lusic no aclara, como esperamos lo haga, esta cuestión y es electa, el mensaje de los poderes Ejecutivo y del Senado a los jueces será que es legítimo y conveniente contar con ‘operadores’, dar y recibir favores de gente influyente en la política, para ascender en la carrera. Si es efectivo lo que ha trascendido, la ministra no sería la primera en servirse de contactos influyentes para hacer carrera judicial. El Senado tiene en sus manos ponerle fin a estas prácticas. Siempre hay algo de injusto en el primer caso de repudio frente a una práctica generalizada previa. Nos parece un precio menor frente al bien de terminar con el tráfico de influencias en un poder al que esta práctica daña enormemente.
