La iniciativa, impulsada por Chile Transparente y consensuada por once centros de estudio y pensamiento, detalla una hoja de ruta en cinco ejes —desde empleo público hasta la regulación de transferencias estatales—, con el fin de sacar la agenda de probidad de la disputa política y transformarla en una política de Estado.

En un escenario político marcado por escándalos de corrupción y una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones, 11 centros de estudio y pensamiento y organizaciones de la sociedad civil presentaron un documento inédito que reúne 30 propuestas prioritarias de integridad y transparencia dirigidas a los comandos presidenciales.

La iniciativa —denominada “Un Pacto de Integridad para Chile. Propuestas desde la probidad y la transparencia”— busca transformar la integridad en una política de Estado, estableciendo una hoja de ruta concreta para que el próximo Gobierno pase de los diagnósticos a la acción.

El trabajo, elaborado de manera transversal por instituciones de todo el espectro político e ideológico, fue coordinado por Chile Transparente y contó con la participación del Centro de Estudios del Desarrollo, Espacio Público, Fundación Friedrich-Ebert, Fundación Generación Empresarial, Fundación Jaime Guzmán, Horizontal, Horizonte Ciudadano, Instituto de Estudios de la Sociedad, Instituto Libertad y Rumbo Colectivo.

Una hoja de ruta para fortalecer la democracia

En seis sesiones de trabajo, las organizaciones elaboraron 30 recomendaciones de medidas concretas que están agrupadas en cinco ejes:

• Integridad y Transparencia: propone una ley marco que regule de forma permanente las transferencias desde instituciones públicas a organizaciones privadas, estableciendo criterios claros y mecanismos de rendición de cuentas.
• Servicio Civil y Empleo Público: plantea como pilar la reforma al Estatuto Administrativo para perfeccionar la carrera funcionaria, basándose en el mérito y fortaleciendo las capacidades técnicas del Estado.
• Fortalecimiento de Gobiernos Subnacionales: sugiere ampliar el sistema de Alta Dirección Pública a cargos directivos claves en las municipalidades, con el fin de profesionalizar la gestión local y hacerla más transparente.
• Empresas y Sociedad Civil: recomienda habilitar un registro centralizado de beneficiarios finales de empresas para identificar a las personas naturales que están detrás de las estructuras corporativas, una herramienta clave contra el lavado de dinero y la corrupción.
• Datos, Tecnología y Transformación Digital: fomenta la creación de mecanismos seguros para que las instituciones del Estado puedan compartir e integrar sus bases de datos, mejorando la capacidad de fiscalización y la eficiencia en la entrega de servicios.

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