Polémica ha generado el operativo que concluyó con la detención de 4.885 personas el fin de semana pasado. Se ha planteado la necesidad de coordinar adecuadamente estos procedimientos con el resto de las instituciones del sistema penal. Las detenciones sólo son útiles en la medida en que luego se puedan traducir en casos llevados con solvencia por los fiscales ante los jueces. Si producto del aumento desmesurado y repentino del flujo de detenidos, ellos no pueden ser procesados adecuadamente, el remedio podría ser peor que la enfermedad. La respuesta de la autoridad que el colapso no es relevante, no parece muy acertada ni satisfactoria.
Otro problema es el impacto real de estos operativos. Ellos se realizan hace años y son una estrategia que podría ser razonable utilizar cada cierto tiempo. Con todo, no debe perderse de vista que su eficacia para resolver problemas graves de delincuencia es limitada. El riesgo es producir «estadística» que da la sensación que estamos avanzando, pero que genera efectos escasos en el control real de la delincuencia. De acuerdo a las cifras publicadas por La Tercera, un 61% de las detenciones fue en «otros delitos» no violentos y otro 27% en delitos contra la propiedad no violentos. La evidencia disponible sugiere que en su gran mayoría se trata de infracciones menores e incluso imputaciones no penales, al conocerse que un 73% de estos detenidos no fueron siquiera pasados a control judicial.
El combate efectivo contra las formas más peligrosas y problemáticas de delincuencia, por ejemplo las bandas, supone el desarrollo de estrategias más sofisticadas de actuación policial y la focalización de importantes recursos. Esperemos que estos operativos no distraigan a las autoridades y policías en la búsqueda de resultados efectistas por sobre los efectivos.