La semana pasada el país se vio conmovido por la muerte de Cami- lo Catrillanca, supuestamente asociado al robo de unos autos en La Araucanía. A las pocas horas, las versiones de Carabineros y el gobierno eran contradictorias sobre su participación en los hechos y sobre el procedimiento del Comando Jungla o GOPE que terminaron con su muerte. A una semana, se han revelado detalles como que el carabinero que habría disparado rompió la tarjeta de memoria de la cámara que habría registrado el hecho.

Este caso se suma a otros tres anteriores catalogados como «violencia innecesaria con causa de muerte» por parte de Carabineros, y otros hechos de corrupción corno el ya destapado montaje de la «Operación Huracán» y el «Pacogate» (que hasta ahora suma más de 100 efectivos investigados por el mayor desfalco hasta el momento de nuestra historia reciente).

Lo anterior sólo hace que como ciudadanos se nos haga difícil confiar en nuestras fuerzas de orden y seguridad, lo que se ha visto reflejado en la gran baja que esta institución ha tenido en las encuestas, corno la CEP (llegando a una confianza de 37%). A principios de año, el Presidente Piñera convocó a un grupo transversal a entregarle propuestas para un «Acuerdo Nacional para la Seguridad Pública’: Luego de 90 días, se le presentaron alrededor de 150 propuestas en la materia.

Recientemente el gobierno anunció una serie de proyectos de ley e iniciativas para concretar varias de ellas, entre las cuales figura mayor transparencia y rendición de cuentas, auditorias, control interno y un sistema de denuncias online. Lo anterior sin duda constituye un avance para intentar evitar casos como los descritos. Sin embargo, se requiere una reforma estructural, con una mayor profesionalización de la carrera policial, eliminar resquicios de secretismo y someter a nuestras fuerzas policiales a un real control civil, tanto del uso de recursos como de la fuerza.

Casos como el de Camilo Catrillanca no pueden repetirse y deben servir de lección de que urgen reformas profundas a cómo nos rinden cuentas y se relacionan las policías con los ciudadanos y el poder civil.