El reportaje, conocido como Pandora papers, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conformado por más de 600 periodistas, destapó el uso de mecanismos reñidos con la ética para ocultar intereses económicos por parte de altos mandatarios y líderes de varios países del mundo, entre los que se encuentran varios jefes de Estado de América Latina, incluido Chile.

Los hechos revelados nos recuerdan que para impedir que intereses particulares se impongan sobre los intereses generales es necesario avanzar en integridad en el sector privado. En tal ámbito, resulta fundamental contar con registros de beneficiarios finales de las empresas: conocer quiénes están detrás de los negocios.

Por eso, varios organismos internacionales vienen hace algunos años señalando recomendaciones en esta línea. Entre ellos, el Grupo de Acción Financiera (GAFI), el Foro Global de Información Financiera de la OCDE, y la Alianza para el Gobierno Abierto, entre otros. Con esta valiosa herramienta se puede prevenir la evasión tributaria, la colusión en los mercados, identificar conflictos de intereses y conocer la real concentración económica de nuestro país. Estos registros deben ser públicos y centralizar información de diversas fuentes, de forma que sean completos.

Un importante hito en esta materia lo marcó el Reino Unido en 2016, cuando luego de la directiva antilavado de activos de la Unión Europea, que requirió a los estados miembros establecer registros centrales de beneficiarios finales para personas jurídicas, se convirtió en el primer país en establecer un registro de esta naturaleza público, accesible en línea y gratuito.

En América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay exigen que la información sobre el beneficiario final sea centralizada en registros públicos. Muchos requieren mejoras. Otros países están discutiendo reformas legales para implementarlos.

En Chile, actualmente se discute la creación de un registro de beneficiarios finales en una reforma a la legislación sobre compras públicas. Si bien esto, como primer paso, es un avance importante, la regulación que ahí se propone aborda el tema de forma insuficiente, tanto por su ámbito de aplicación como por las herramientas que se entregan a las autoridades para cruzar información y fiscalizarlos. Por lo mismo, urge un compromiso mayor del Ejecutivo en elevar estándares de integridad en los negocios. También es importante que los candidatos aborden este tema en sus programas de gobierno. Casos como los develados en Pandora papers muestran la importancia de avanzar en este ámbito.

Frente a estas necesarias reformas habrán presiones para detenerlas, pero se trata de cuestiones fundamentales para prevenir que las democracias sean capturadas por intereses particulares.