Distintos convencionales constituyentes han planteado la necesidad de que el proceso de deliberación que enfrentarán requiere de participación ciudadana efectiva. La idea que subyace a esa pretensión es que es la legitimación de la elaboración de una nueva Constitución está determinada también por sostener un diálogo permanente más allá de las paredes del edificio que albergue a los convencionales.
Esto es consistente con la necesidad de profundizar la democracia, un sistema más bien excepcional en la historia de la humanidad, y que por lo mismo requiere de esfuerzos cotidianos para promoverla. Sin embargo, los convencionales deben tener cuidado con los tipos de participación que busquen implementar y, sobre todo, que ésta no sea tratada como un simple trámite. La experiencia demuestra que procesos participativos mal elaborados profundizan las desconfianzas.
Como señala la literatura (Rowe y Frewer, 2000), los métodos de participación pueden ser múltiples y consideran medios tan diversos como plebiscitos, audiencias, consultas públicas, opiniones en procesos en curso, comités consultivos, paneles o jurados ciudadanos, entre las más conocidas. El dilema en todos ellos es determinar quiénes participan y su representatividad. Una inadecuada gestión de estos suele provocar efectos indeseados en la credibilidad de los procesos a los cuales pretenden servir.
Ahí descansa, precisamente, la crítica a la participación ciudadana en materia ambiental en nuestro país. Por ejemplo, en el caso de los planes de descontaminación atmosférica, la evidencia de estudios recientes (Cordero e Insunza, 2021) demuestra que interviene menos del 1% de la población objetivo y que la gran mayoría de las observaciones no se vinculan con las medidas del plan. Las comunidades, sin embargo, sí las utilizan para referirse a cuestiones asociadas a la calidad de vida de las zonas afectadas, pero la autoridad, una vez que las recibe, no las gestiona ni deriva a otros ámbitos de la política pública en que pueden ser útiles. Una participación de este tipo es considerada simplemente formal, genera frustración en quienes son convocados y acredita las asimetrías estructurales de información frente a las comunidades.
Así, quizás, se explica el éxito de varios convencionales en su elección. Una buena cantidad de ellos tienen profundo arraigo en sus territorios, han sido testigos de dichas asimetrías y de las desilusiones que provocan procesos participativos meramente formales. ¿Cuáles serán los mejores mecanismos para esto en el debate constituyente? Ahí está el desafío que exige algo más que la retórica de la participación. Comenzar con un diálogo honesto y simétrico es quizá el primer gran paso.
