Mientras el debate público chileno entra en el tradicional receso de febrero, el mundo nos bombardea con inquietantes noticias para la democracia y los derechos humanos. El regreso de Donald Trump al poder en Estados Unidos ha conllevado una avalancha de decisiones que ponen en entredicho avances fundamentales en materia humanitaria, de cooperación internacional y en diversidad e inclusión, entre otras. Ello bajo la lógica del enfrentamiento y la guerra cultural que caracteriza a los populismos modernos.

Aunque Chile no ha sido inmune a la polarización, el acuerdo en pensiones recientemente aprobado es una luz de esperanza. Culminando una década de discusión legislativa, el Gobierno y gran parte de la oposición fueron capaces de construir una solución de política pública que significará una mejora relevante en las pensiones actuales y futuras. Que la política sea una manera efectiva de mejorar la vida de las personas es uno de los antídotos más efectivos contra los populismos.

Desde el punto de vista político, el acuerdo tuvo la virtud de ser una construcción colaborativa entre las distintas fuerzas políticas (un ‘artefacto cultural’, en palabras de Eugenio Tironi) en cuyo resultado todas pueden verse (parcialmente) reconocidas. El oficialismo celebra los avances en solidaridad, equidad de género y mayor competencia, mientras la oposición que participó del acuerdo destaca la consolidación de la capitalización individual y el reconocimiento del mérito personal. La convergencia de estas fuerzas políticas marca claras diferencias con la ultraderecha y los demás sectores que promueven soluciones simplistas a problemas complejos y se parapetan en perennes valores ideológicos sin ánimo de gobernabilidad.

El acuerdo en pensiones también nos muestra cómo la discusión técnica puede ser un insumo para que el debate político logre construir buenas políticas públicas. El rol de la comisión técnica convocada por el Senado, del Consejo Fiscal Autónomo y de diversos expertos/as logró proveer evidencia a la discusión política, proponer distintas vías de acción y asegurar la sostenibilidad fiscal de la reforma. En una democracia, la técnica nunca debe sustituir a la política, pero sí puede ser un aporte para que las decisiones tengan viabilidad y efectividad práctica en la resolución de los problemas de la ciudadanía.

Aunque lo ocurrido en pensiones nos permite iniciar el 2025 con algo de optimismo, no debemos engañarnos. Este acuerdo está lejos de resolver los problemas de confianza en nuestro sistema político y quedan aún muchas necesidades sociales que es urgente abordar. Sin embargo, es un ejemplo de que el diálogo, el aporte técnico y la conciencia del fin último de la política pueden ser una respuesta frente a las nuevas y viejas amenazas que enfrentan nuestras democracias.