Hace un año, Espacio Público expuso en su informe ‘Sistema de pensiones en Chile: principios para una reforma’ cuatro conceptos indispensables para lograr una reforma exitosa: además de ser técnicamente viable, una reforma debe mejorar las pensiones actuales y futuras, asignar mayor responsabilidad al Estado por las pensiones otorgadas, introducir mayores elementos de seguridad social y asegurar un mínimo grado de legitimidad hacia el sistema por parte de la población.
Los lineamientos expuestos por el actual gobierno para una reforma coinciden con varios de los principios propuestos: mejorar las pensiones de los futuros pensionados gracias a un mayor ahorro obligatorio, mejorar los beneficios de los actuales jubilados mediante la ampliación del Pilar Solidario y ciertos beneficios por años cotizados (apuntando a los grupos medios de la población), así como disminuir la brecha de género por la vía de beneficios especiales a las mujeres, en función de sus años cotizados.
Al margen de que se desconocen los detalles y el financiamiento de los mayores subsidios estatales, creemos importante subrayar la importancia del rol que deberá jugar el Estado y la necesidad de mejorar la percepción de legitimidad que la ciudadanía tiene sobre el actual sistema de pensiones, percepción que evidentemente subyace al actual clamor por un cambio, clamor encarnado en agendas políticas y numerosas propuestas.
Parte de la ciudadanía desconfía de instituciones y empresas. Es la respuesta natural a graves escándalos de abuso a consumidores en productos y servicios que son parte de nuestras vidas cotidianas. Hay sectores que también desconfían de las empresas que administran sus ahorros. ¿Por qué? Si en educación o salud las personas pueden optar por prestadores públicos, en pensiones tal opción está vetada. A la hora de la verdad, las pensiones son notoriamente insuficientes, pero al mismo tiempo, en medio de las mayores crisis financieras internacionales, las AFP han presentado siempre saludables utilidades. Racionales o no, son cosas difíciles de asimilar para el ciudadano común.
Para tener éxito, una reforma de pensiones deberá transmitir a la ciudadanía transparencia, justicia y seguridad: que si una persona cumple con sus obligaciones, accederá a un beneficio razonable; que a similares niveles de esfuerzo, las personas recibirán pensiones similares; que el sistema corregirá las diferencias biológicas o culturales entre hombres y mujeres, en lugar de perpetuarlas; que el sistema será el mismo para todos los habitantes del país, sin distinciones ni privilegios; que todos podrán comprender cómo se administra su dinero y que nadie se sentirá engañado; que si bien el ahorro individual y la capitalización son parte central de un sistema de pensiones moderno, tal sistema también confía en el aseguramiento colectivo y un mínimo grado de solidaridad compensatoria entre los habitantes de la nación. Recién entonces podremos abordar con franqueza la pregunta sobre la legitimidad de nuestro sistema de pensiones.
