La reciente designación por el Congreso de las 24 personas que conformarán la Comisión Experta, encargada de proponer al Consejo Constitucional el anteproyecto de nueva Constitución, ha generado reacciones dispares. Al momento de evaluar los perfiles de los expertos y expertas es relevante tener en cuenta las características específicas de la labor que se les ha encomendado. Ella les exigirá combinar el necesario saber técnico con una actitud de apertura a la deliberación y la adopción de acuerdos.
Muchos miembros de la Comisión poseen estudios avanzados en derecho y son participantes habituales de la academia, publican artículos y exponen en foros especializados. Salvo excepciones, son conocedores de la doctrina y práctica constitucional. La formación legal es parte indispensable de la labor constituyente, por su manejo dela técnica y el lenguaje jurídicos. No obstante, la mirada interna del derecho generalmente lleva asociados sesgos que no permiten vislumbrar correctamente su funcionamiento real en la sociedad, más allá de la letra de la ley. Será crucial entonces encontrar espacios que incorporen otras profesiones que complementen, con una perspectiva empírica, la labor de la Comisión.
Gran parte de la Comisión cuenta con experiencia política previa. Ello no debería ser visto necesariamente como una pérdida de independencia o pureza epistémica, sino que como un indicador de que muchos miembros ejercerán su trabajo con un bienvenido pragmatismo. Asimismo, la cercanía de los expertos con los distintos partidos políticos asegura cierto grado de pluralismo ideológico, al mismo tiempo que puede facilitar la generación de acuerdos y la coordinación entre los distintos órganos del proceso. Ahora bien, una dependencia demasiado estricta de los expertos con los conglomerados que los designaron podría impedir reformas que, siendo beneficiosas para el funcionamiento del sistema político, perjudiquen ciertos intereses partidarios de corto plazo. Será necesario entonces que la Comisión pueda mantener unespacio de autonomía en su toma de decisiones, poniendo el funcionamiento del sistema político futuro por delante de los intereses inmediatos de los actuales partidos.
Uno de los objetivos de este nuevo proceso será la consagración de derechos constitucionales bajo el paradigma del Estado social y democrático de derecho, en línea con lo demandado por la ciudadanía durante los últimos años. Sin embargo, dichos derechos sólo lograrán materializarse si los partícipes de este nuevo proceso (partiendo por la Comisión Experta) aprovechan la oportunidad para introducir reformas que desbloqueen nuestro sistema político, incentiven la adopción de acuerdos y permitan la tramitación exitosa de las reformas legales que el país necesita.