La derecha, como en sus mejores tiempos de minoría en la década de los
noventa, ha vuelto a utilizar al Tribunal Constitucional (TC) como herramienta
para resolver a su favor discrepancias que perdió democráticamente.
Por un lado, ha impugnado el reglamento sobre interrupción voluntaria del
embarazo, que impide que instituciones que tienen contratos con el Estado
para prestar servicios públicos en salud puedan invocar la objeción de
conciencia institucional. El argumento de la derecha es que se afecta la
autonomía de los grupos intermedios, los mismos argumentos que en el
pasado invocó cuando se opuso a las reformas en educación, desde jornada
escolar completa a desmunicipalización.
A su vez, senadores y diputados de ChileVamos, en requerimientos distintos,
impugnaron ante el TC normas del proyecto de ley recién aprobado que
restringe la libertad condicional, cuyos principales efectos recaen en quienes
fueron condenados por violaciones a los derechos humanos. La tesis de la
derecha es que la imposición de exigencias como el arrepentimiento y la
colaboración con la investigación viola la Constitución.
Estas impugnaciones presentadas con pocos días de diferencia reviven tres
inquietudes sobre la derecha. Por un lado, su convicción de que la autonomía
de los grupos intermedios puede imponerse aun en el caso en que
voluntariamente se asuman obligaciones de servicio público. Por la otra, su
incomodidad con las violaciones a los derechos humanos, porque lo que
parecieran olvidar es que los condenados lo están porque al ejecutar sus
delitos deshumanizaron a otros chilenos; la lectura de “Calle Este – Oeste”, de
Philippe Sands, les permitiría comprender histórica y literariamente lo evidente:
esos delitos no son comunes y el arrepentimiento es esencial para retomar la
civilidad. Y la última es que deja al TC nuevamente en una posición incómoda,
en donde deberá decidir si es el guardián de una facción política o un árbitro
de la democracia. Como recordó el presidente del TC alemán, Andreas
Voßkuhle, en una reciente visita a Chile, “sería fatal que se genere la
sensación en el ciudadano de que los asuntos no se deciden en el Parlamento,
sino que en el tribunal”.
La derecha, al recurrir al TC, ha desatado lo que puede ser una verdadera
pesadilla para ellos. Al defender sus tradicionales valores políticos en dos
cuestiones sensibles de nuestra vida pública, como son los derechos de las
mujeres y las violaciones a los derechos humanos, fuerza a actuar como
defensor de sus preferencias a una institución —el tribunal— que ha adquirido
conciencia en el último tiempo acerca del cuestionamiento a su legitimidad y de
la necesidad de modelar sus decisiones para que la democracia opere entre
nuestros desacuerdos.