Señor Director:
Lamentamos profundamente la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de rechazar la apelación que presentó nuestra directora ejecutiva, Alejandra Sepúlveda Peñaranda, a la resolución del Servel.
Este rechazó su candidatura a la Convención Constitucional, por una supuesta afiliación a un partido político, lo que resulta incomprensible, ya que ese mismo Servicio le había entregado un certificado oficial que la habilitaba para presentar su candidatura como independiente. No hay documento que pruebe su afiliación a un partido (la que supuestamente habría sido hace 32 años y de la que se ha enterado ahora) y solo se ha entregado como prueba que se la habría incluido (nuevamente, sin informarle) en la nómina de 70.000 personas desafiliadas en 2020. La fecha, además, la ha dejado en un limbo que le impide ser candidata independiente.
El Tricel, teniendo la facultad de requerir antecedentes del Servel y del partido político en cuestión, optó inexplicablemente por no hacerlo y desechó por extemporánea la única prueba que ese partido aceptó entregar: un certificado en que consta que Alejandra no ha tenido militancia activa ni participación en actividades partidistas. Nunca ha existido con Alejandra comunicación de la cual ella hubiera podido inferir que era considerada militante de un partido.
Nos parece inaceptable que la tarea -imposible- de probar la arbitrariedad de esta situación en que se ha actuado, sin su consentimiento en dos ocasiones, recaiga sobre ella y no sobre las instituciones que han transgredido sus derechos.
Esto nos obliga a preguntarnos: ¿están funcionando correctamente las instituciones políticas? Situaciones como estas, en las que muchas ciudadanas y ciudadanos se han encontrado con la sorpresa de estar en los registros de un partido sin haber sido advertidos ni tener comunicación alguna, erosiona la credibilidad en el sistema electoral y de partidos políticos.
Necesitamos contar con instituciones modernas y transparentes, que cumplan con los estándares máximos de confiabilidad, entrega de información oportuna y en el uso de los datos que los ciudadanos y ciudadanas les confiamos, cuyo resguardo debe ser garantizado por el Estado.
