Señor Director:
Agradecemos la respuesta de la directora de Dipres, Cristina Torres, aunque en ella no se hace cargo de nuestros cuestionamientos al financiamiento del proyecto de Pensión Garantizada Universal.
Lo primero es que el Gobierno ingresó al Congreso proyectos de gasto y financiamiento separados, arriesgando a que solo se apruebe el gasto. Estamos disponibles a la invitación de la señora Torres a relevar la importancia de que el financiamiento no se entrampe, pero la clave está en el compromiso del Ejecutivo de que eso no suceda, es decir, de no gastar sin financiamiento.
Lo segundo es que no explica por qué el país puede ahorrar menos en el Fondo de Reserva de Pensiones cuando este tiene por objeto apoyar el financiamiento futuro de las obligaciones fiscales en pensiones. Por transparencia, Dipres debiera publicar el estudio con el que funda su decisión de ahorrar la mitad. De hecho, si se aumentan los beneficios, la carga fiscal crecerá, lo que debería llevar a ahorrar más, no menos.
Tercero, la directora alude a provisiones comprometidas en el Presupuesto 2022 y el programa financiero para 2023-2026. ¿Reflejan esas provisiones el proyecto previo (ley corta) del que no se aprobó el gasto y tampoco su financiamiento? ¿Qué rol tienen los ingresos fiscales extraordinarios debido al crecimiento de este año a los que se refirió el ministro Cerda en sus declaraciones? Cabe notar que las estimaciones suponen que el gasto se reduce en el período 2023-2026. Adicionalmente, ¿qué sucede con el financiamiento más allá del 2026?
Nuestras dudas siguen siendo válidas. Quizás el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) tenga algo que agregar a las aprensiones sobre sostenibilidad que manifestó el Consejo Consultivo Previsional en su informe al proyecto.
Estamos de acuerdo con la directora en que enfrentar el problema de pensiones es urgente. Pero no es solución si no conlleva responsabilidad fiscal. Un gesto mínimo del Gobierno sería que gastos e ingresos vayan en un solo proyecto, como en la ley corta, además de explicitar qué hay detrás de las estimaciones de financiamiento y pedir la opinión del CFA. Si ello revela que el financiamiento es incompleto, el Gobierno debiera agregar otras fuentes de ingresos.
