En 2014, personas relacionadas a la sociedad Cascadas, controladora de SQM, y otras empresas relacionadas, fueron sancionadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, tras una serie de operaciones deliberadas y lideradas por el entonces controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, quien se benefició en desmedro de otros accionistas minoritarios.

Luego, el 2015, se detectó que la misma empresa financiaba irregularmente campañas de políticos de diversos partidos, a través de boletas por servicios no prestados, con el consecuente fraude tributario, que terminó con una criticada suspensión condicional del procedimiento a cambio del pago de una multa por parte de SQM.

La semana pasada se hizo público que esta empresa, duramente criticada por su actuar contrario a la ley, contaría con las asesorías de Ponce Lerou y su hermano, quienes tuvieron que dejar de encabezarla luego de un acuerdo con Corfo para continuar con la millonaria concesión del litio. Sin entrar a discutir si el acuerdo estuvo bien o mal hecho, llama la atención la decisión unánime del directorio de reincorporar a quien ha sido sancionado por romper la ley, sin manifestar un mínimo de arrepentimiento.

Claramente estamos frente a un caso donde lo que imperó no fue la ética empresarial, sino las posibles ganancias de la empresa. La señal que se envía es pésima, una persona que lideró una empresa que ha sido sancionada dos veces en un par de años por infringir la ley y cuya credibilidad está muy cuestionada -con justa razón- puede volver en gloria y majestad a ‘asesorar’ la empresa.

Al final la sensación de que los poderosos y los delitos de cuello y corbata quedan impunes, es real en este caso. Nadie puede estar por encima de la ley, pero además debemos fortalecer las sanciones para que la impunidad que hoy existe, termine.