Basados en nuestros informes e investigaciones realizadas en los últimos cinco años, además de las recomendaciones formuladas por la Comisión Engel para combatir la corrupción, como centro de estudios lanzamos el documento “Hacia el Chile que queremos”, el cual reúne 13 propuestas para mejorar las políticas públicas en las áreas de salud, anticorrupción, diversidad e inclusión; protección de consumidores; ciudad y transporte; y ordenamiento territorial.

El documento fue entregado a las distintas candidaturas presidenciales con el objetivo de enriquecer los debates programáticos con ideas y propuestas concretas, que apuntan a solucionar problemas de Estado y acercar a Chile al desarrollo.

“Como centro de estudios nos parece fundamental poder aportar al debate presidencial desde un marco de ideas constructivo y riguroso, sobre todo en esta etapa donde la ciudadanía ya espera ver propuestas”, explicó Mauricio Duce, Presidente Ejecutivo de Espacio Público.

“No se trata de un programa sistemático de gobierno, sino más bien de propuestas en áreas específicas basadas en un trabajo técnico que ha considerado la evidencia y mejores experiencias disponibles en Chile y el extranjero. A su vez, también han surgido del diálogo y consenso entre especialistas de distintas disciplinas y que representan sensibilidades diversas”, agregó Duce.

En dicho trabajo han participado activamente los 24 directores de Espacio Público, además de nuestra red de expertos colaboradores conformada por académicos, intelectuales y profesionales que cuentan con una amplia experiencia en temas ligados a políticas públicas.

Propuestas

Entre las propuestas que competen al área de Salud, Espacio Público propone “asegurar una provisión de salud pública de excelencia”, otorgando más recursos y herramientas de gestión a los hospitales y cambiando el esquema de financiamiento para potenciar la gestión en red.

Además, en el contexto de un sistema de aseguramiento privado de salud poco solidario, segmentado y que presenta serios problemas de competencia, proponemos terminar con la integración vertical entre Isapres y clínicas, la que dificulta la entrada de nuevas empresas al sistema. Además, planteamos generar un seguro de salud solidario y eficiente con un pilar solidario ampliable.

En el ítem Ciudad y Territorio, proponemos “mejorar sustancialmente el transporte público en Santiago”. Para hacer frente a la evasión y al deterioro de la calidad en el servicio, proponemos crear un Plan Director de Infraestructura que privilegie al transporte público en la planificación urbana, así como diversas medidas enfocadas en la calidad del servicio y la integración social.

También proponemos “revertir la segregación urbana en nuestras ciudades”, siendo clave la inversión directa del Estado en barrios con altos índices de segregación, mejorando los espacios públicos de barrios segregados y la coordinación intersectorial en la planificación y construcción de la ciudad. Proponemos también “superar los conflictos socio ambientales en el territorio”, invitando a que el Estado ordene el uso de territorio con una mirada integral y de la mano de las autoridades.

En cuanto a Transparencia y Anticorrupción, nuestro centro de estudios propone, entre otros puntos, “combatir eficazmente la corrupción”, ya que si bien Chile aparece bien calificado en diversos índices de transparencia, existen déficits que deben enfrentarse, siguiendo las recomendaciones internacionales.

Además, se plantea “perfeccionar los mecanismos de fideicomiso de autoridades”. Si bien recientemente entró en vigencia la Ley de Probidad en la Función Pública que afina el sistema de declaraciones de intereses y patrimonio, proponemos perfeccionarla estableciendo el fideicomiso diversificado y público como una mejor herramienta para evitar conflictos de intereses.

Otro punto importante dentro del documento es el de “reformar y transparentar los gastos en Defensa”, proponiendo, entre otras cosas, la derogación de la Ley Reservada del Cobre, así como el mejoramiento de la evaluación de los gastos en Defensa en base a un Plan Estratégico Nacional.

En cuanto a Protección de Consumidores, se plantea fortalecer las facultades del SERNAC, dotándolo de competencias fiscalizadoras y facultades sancionadoras, así como de herramientas de investigación.

Finalmente, el ítem de Diversidad e Inclusión se propone “establecer una institucionalidad para la igualdad”, dotando al Instituto de Derechos Humanos de facultades adicionales para fiscalizar, recibir denuncias, investigas y proponer sanciones en casos de discriminación.

Revisa aquí el resumen ejecutivo y el documento completo con nuestras propuestas.