Este martes 6 de noviembre el Presidente de la República firmó un conjunto de proyectos de ley destinados a implementar legislativamente varias de las propuestas elaboradas por la Mesa de Trabajo que funcionó en el marco del denominado ‘Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública’ y que hizo entrega de sus resultados en julio pasado (150 propuestas). Nos interesa detenernos en el que ‘moderniza la gestión institucional y fortalece la probidad y transparencia’ de las policías, ya que la reforma policial fue el eje que contuvo mayor cantidad de propuestas (71) y constituye una de las materias en el área de la seguridad pública donde existen mayores necesidades de reforma.

La buena noticia es que el proyecto constituye un primer paso para romper la inercia instalada en la materia, ya que hasta hace poco habíamos evitado una discusión de fondo sobre nuestra actual institucionalidad policial. El texto establece, siguiendo el espíritu de las propuestas de la Mesa, diversos deberes de planificación estratégica al interior de las instituciones policiales, de producción de estadística pública, de rendición de cuentas y fortalecimiento de mecanismos de auditoría financiera y de control de abusos y actos contrarios a la probidad. Todo ello representa un avance importante respecto de la situación actual.

Sin embargo, este conjunto de reformas legales se hace cargo de un porcentaje menor de las propuestas formuladas. Es verdad que no todas ellas suponen reforma legal, pero la brecha es significativa, por ejemplo, tratándose de algunos mecanismos de participación de la sociedad civil o de la eliminación de algunas restricciones actuales en materia de transparencia. Por otra parte, hay también áreas muy relevantes de reforma policial contenidas en las propuestas que derechamente no han sido abordadas por el proyecto, aun cuando se anuncia serán objeto de desarrollo en los próximos meses. Por ejemplo, las 21 propuestas cuyo objetivo es incrementar los niveles de profesionalización policial y otras 20 destinadas a la profesionalización de la organización policial. Sin cambios en estas materias, todo avance que se logre en otras áreas puede ser insuficiente para introducir transformaciones profundas con posibilidad de proyectarse en el tiempo.

Se requiere de un debate más estructural sobre la policía que queremos a futuro. Las propuestas y el proyecto operan aún en una cierta lógica reactiva, es decir, con miras a hacerse cargo de problemas importantes y urgentes que existen en la actualidad, pero sin poner atención en una visión prospectiva de nuestra institucionalidad policial. Sin restar méritos a lo avanzado, hay que tener en cuenta que esto representa un límite acerca del alcance transformador del proyecto de ley.

El proyecto constituye una buena señal del Ejecutivo acerca de la necesidad de iniciar un proceso de reforma a nuestra institucionalidad policial. Esperamos que sea bien recibida en el Congreso y su discusión pueda ser realizada con conocimiento, rigurosidad y visión de Estado. El mayor control civil sobre el accionar policial debe ser debatido en detalle y consensuarse un programa de reforma que involucre múltiples transformaciones. En esta dirección, el proyecto de ley presentado es un primer paso, pero no el único.