Tanto desde la Comisión de Seguridad creada por el Presidente Piñera como del Ministerio de Justicia se ha anunciado el estudio de un conjunto de iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia de la persecución penal en el país. Hasta el momento los cambios principales que se han esbozado se vinculan con reformas a las policías y con modificaciones a la legislación procesal penal. Un tema no abordado se refiere a nuestra capacidad institucional para producir prueba pericial de calidad.
Se trata de una materia que resulta indispensable encarar si se quiere mejorar las capacidades reales de nuestro sistema de justicia penal: aclarar y sancionar delitos. Tal como lo demuestra la experiencia comparada, y crecientemente la realidad nacional, la investigación moderna descansa cada vez más en la capacidad del sistema para generar evidencia científica y peritajes de todo tipo que permiten esclarecer delitos que de otra forma son muy difíciles de investigar. La prueba pericial se ha ido transformando así en una evidencia decisiva en los sistemas de justicia penal contemporáneos. Esto requiere un sistema científico y pericial robusto, de alta calidad y confiable.
Lamentablemente, cuando se examina la realidad nacional a la luz de la evidencia disponible, es posible detectar que todavía estamos muy lejos de una situación óptima. Existen serios problemas de falta de especialización en disciplinas forenses, es decir, áreas en las que no contamos con comunidades profesionales especializadas o ellas son muy débiles. Hay defectos en los incentivos para especializarse, incorporarse y luego mantenerse en la planta de las instituciones. También existen problemas de diseño y ubicación institucional de las unidades que producen prueba pericial, hoy repartidas en varias agencias y con estándares de funcionamiento y control muy diversos. La acreditación de laboratorios acorde con normas internacionales es la excepción. Hay también problemas de recursos y demoras significativas en las entregas de resultados en diversas áreas, transformando a la prueba pericial en el cuello de botella del sistema. Por otra parte, los controles de calidad desde las comunidades disciplinares son escasos o nulos, y lo mismo en materia de control ético del ejercicio de la función en la mayoría de las disciplinas, entre muchas otras falencias.
Una propuesta que pretenda mejorar nuestra capacidad de persecución penal a futuro debe incluir este tema. Su solución pasa por un entramado complejo de políticas públicas que seguramente tomará tiempo en discutir e implementar, pero que es indispensable enfrentar con una mirada de Estado desde ya.
