El Gobierno ha iniciado una consulta pública para la elaboración de un anteproyecto para reformar el empleo público. Aunque el anuncio se ha focalizado en solucionar la situación de los honorarios y cargos a contrata, el tema es más amplio. Desde hace años existe consenso técnico que es necesario resolver este problema, porque se afectan los derechos de los trabajadores, se perjudica la calidad de los servicios públicos y es un incentivo para prácticas clientelares. Pese a ese acuerdo, el Ejecutivo y el Congreso hasta ahora han decidido eludir el problema.

Por tal motivo, el inicio de este proceso es una buena noticia. Sin embargo, hay dos preguntas que esta propuesta debe resolver y que hasta ahora ha decidido omitir. Por un lado, qué tipo de carrera funcionaria tendrán quienes se desempeñan en el sector público, porque la idea central que justifica una burocracia especializada y estable es evitar el uso del Estado para fines partisanos. Y, por el otro, a qué tipo de administración pública servirá ese modelo de empleo público que se desea proponer. Es ahí donde la discusión constituyente adquiere relevancia para esta iniciativa.

De un tiempo a esta parte, distintos sectores han aportado reflexiones directas o indirectas sobre este punto. En noviembre de 2019, Convergencia Progresista presentó el documento ‘Bases y fundamentos de una propuesta constitucional progresista’, un texto que contiene un plan de trabajo completo para la nueva Constitución, donde reconoce como un eje central el tipo de Estado y de administración pública, atribuyéndole una importancia significativa al rol de los servicios públicos para satisfacer el interés general. Por su parte, Evópoli ha dado a conocer sus ‘bases constitucionales’, enfatizando lo que denominan un ‘nuevo Estado’ para garantizar la excelencia de los servicios públicos. Y, por estos días, también la Fundación Nodo XXI ha presentado su documento ‘Principios para una refundación orgánica del Estado’, donde realiza una apuesta, al igual que las dos iniciativas anteriores, por un cambio en el régimen de Gobierno, lo que tiene un impacto directo en el modelo de administración pública.

¿Qué tiene en común la iniciativa de nuevo empleo público planteada por el Gobierno con las propuestas de Convergencia Progresista, Evopoli y Nodo XXI? La necesidad de disponer de servicios públicos oportunos, de calidad y no discriminatorios. En síntesis, el reconocimiento de un ‘derecho a la buena administración’, un derecho de ciudadanía que va más allá de las estructuras orgánicas del Estado. A medida que se acerca la discusión de la convención constituyente, es bueno tratar de rescatar los puntos de acuerdo y no sólo las insalvables diferencias.