Reforma de pensiones: un momento decisivo
3 de diciembre de 2024
La reciente encuesta realizada por Espacio Público, en colaboración con OIT, PNUD e Ipsos, consultó a la ciudadanía sobre sus principales expectativas respecto de los avances en la discusión legislativa de la reforma de pensiones, evidenciando una altísima demanda para que el actual Congreso concrete un acuerdo (89,6%).
También se ahondó en la percepción ciudadana respecto de la dificultad en lograr la concreción de la reforma previsional, concentrándose un 52% de las menciones en actores políticos tanto de oposición (16%) como de gobierno (14%), como en una falta de liderazgo en general que inhibe acuerdos (22%). Cabe notar, también, que un 29% de las menciones señalaron como principal razón por la cual no se concreta una reforma que las AFP buscan mantener las cosas tal como están.
Recordemos que la reforma de pensiones ingresó a la Cámara en noviembre de 2022 y que su trámite se prolongó por 14 meses, evidenciándose un escaso nivel de diálogo y una importante dificultad para lograr consensos. En la práctica, desde enero de 2023, cuando fue aprobada en general en la comisión de Trabajo, la reforma quedó en pausa por el debate constitucional.
Un año después, luego del plebiscito de diciembre de ese año, el Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva y, en enero de 2024, con suma urgencia, se votó un nuevo proyecto en Sala, tras dos semanas en la comisión de Trabajo y una en Hacienda. La acelerada tramitación final y la estrategia de reunir votos en el margen terminaron con un proyecto desarticulado y sin acuerdo en sus materias centrales.
Luego, la comisión de Trabajo del Senado encargó un análisis y propuestas alternativas a una comisión técnica, que entregó su informe en julio, sirviendo de base para que los senadores de la comisión, junto al Ejecutivo, establecieran un protocolo de tramitación de la reforma previsional, con el compromiso de despachar el proyecto del Senado en enero de 2025. Estamos en diciembre, que tiene tres semanas legislativas, y falta abordar temas centrales, como la organización industrial y el diseño del 6%.
Este es un momento decisivo para la reforma y para el protagonismo de líderes políticos que se jueguen por la concreción de un acuerdo, donde las distintas miradas puedan verse reflejadas. En pensiones no existe una única solución y un sistema políticamente robusto requiere consensos que reconozcan las diferencias.
La encuesta aporta otras luces sobre la percepción ciudadana que pueden servir para la discusión actual. Se incorporaron preguntas sobre la posibilidad de que se legisle sobre una licitación de stocks, y una gran mayoría de personas está de acuerdo con ser cambiada de AFP a una que cobre menor comisión, conservando la libertad de elegir otra en cualquier momento (67%). Además, se observa un bajo nivel de conocimiento respecto de si la comisión que cobra su AFP se encuentra entre las más bajas (65% declara no saberlo).
También se evidencia una preferencia por un sistema de pensiones que combine elementos individuales con elementos solidarios. Por un lado, en relación con la encuesta de 2023, observamos un aumento respecto del destino individual de la cotización adicional del 6% (52% considera que debe destinarse a la cuenta personal). Por otro lado, la ciudadanía sigue apoyando la existencia de elementos de solidaridad en materia previsional. Por ejemplo, un 57% dice estar de acuerdo o muy de acuerdo en que las y los cuidadores reciban un aporte de los demás trabajadores, y un 54% rechaza la idea de que el financiamiento de su pensión provenga exclusivamente del ahorro individual.
Avanzar en la reforma de pensiones es una urgencia evidente. Con una población que envejece aceleradamente y un sistema de pensiones que ha demostrado ser insuficiente para garantizar una vejez digna, es imperativo que el Congreso priorice esta reforma. La falta de acción en este ámbito no solo ahonda los desafíos del sistema de pensiones, sino que también socava la confianza en las instituciones. Es momento de dejar de lado las divisiones políticas y concretar acuerdos para implementar cambios que beneficien a las generaciones presentes y futuras.