No puede pasar otro periodo presidencial sin avanzar en una reforma al sistema previsional. Y la tarea es de todos.

Nuestro actual sistema de pensiones, que fue muy innovador y generó externalidades positivas en el sector financiero, fracasó en su objetivo central: entregar pensiones dignas, con altas tasas de reemplazo y ofrecer seguridad en una etapa de la vida en que las capacidades y redes de apoyo tienden a deteriorarse. Algunos asignan todas las causas al sistema o sus administradores, otros al mercado del trabajo o los trabajadores, pero el resultado es el mismo y la reforma es urgente.

En nuestra encuesta “Chilenas y chilenos hoy”, respecto de la vejez, un 68% de las personas consigna la pensión como una de sus principales preocupaciones y un 36% la mira con temor ante la posibilidad de caer en la pobreza. Esto viene a ratificar que el sistema no entrega ni pensiones suficientes ni seguridad.

En 2017, en Espacio Público, elaboramos una propuesta identificando pilares de una reforma previsional, que son, además de la viabilidad técnica: mejorar las pensiones actuales y futuras; asignar mayor responsabilidad al Estado por las pensiones otorgadas; introducir mayores elementos de seguridad social; y garantizar un mínimo grado de apropiación del sistema por parte de la población (legitimidad).

La propuesta del gobierno parece insuficiente en los cuatro pilares propuestos. Principalmente débil en cuanto a otorgar seguridad, sistemas colectivos de aseguramiento y otras herramientas que conviertan nuestro sistema de ahorro forzado en uno de seguridad social. Además, tímido para abordar la crisis de legitimidad de las AFP.

Pero no son tiempos de maximalismo, sino de avanzar entendiendo que se trata de la primera parte de una reforma mayor, que los votos más estridentes valen lo mismo que los más moderados y que el gobierno tiene una mirada distinta a “la calle”. El Presidente dijo, con tino, que el sistema debiera avanzar hasta una cotización del 18%, es decir más allá que lo que el proyecto propone, adelantado 2das y 3ras partes de esta reforma.

A simple vista podríamos pensar que hay consenso en: el aumento de cotización, aumento del pilar solidario, mayor competencia a las AFP, algunas herramientas de transferencia y seguridad para la clase media y las mujeres. Peor es nada. Y respecto de: quién administra el 10% o el 4%, si parte del ahorro puede ser un fondo común colectivo, o incluso la edad de jubilación, parece prudente pensar que nos tomará más tiempo encontrar un punto de acuerdo estable, que no dependa de mayorías puntuales.

Un ejercicio como ese, es mucho más complejo de lo que suena y requerirá de mucho trabajo. Pero primero debemos entender la urgencia de esta reforma y que el 2019 es EL año que tenemos para tramitarla.