«Reformas al SEIA: Medidas aún insuficientes»
22 de junio de 2018
Existe un amplio consenso en que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) no es el instrumento idóneo para resolver el conjunto de inquietudes que una comunidad enfrenta al momento en que se instala un proyecto de inversión, porque constituye un procedimiento acotado, que no busca solucionar problemas sociales o distributivos ajenos a los ambientales, donde la participación no tiene ninguna incidencia real y las asimetrías de información, así como la sospecha de parcialidad del Estado hacia la inversión, afectan las confianzas de quienes manifiestan voluntad de participar en él.
El actual modelo de participación en materia ambiental termina afectando la legitimidad del propio SEIA como instrumento de gestión de política pública, porque la prosperidad que reivindican los proyectos en una comunidad genera expectativas que habitualmente no son satisfechas a través de la evaluación ambiental, provocando frustraciones y generando la sensación de que esos procesos participativos se transforman en el cumplimiento de una simple formalidad administrativa. Así las cosas, recurrir a tribunales, donde las comunidades tienen escasos éxitos, es la única alternativa.
Por otra parte, los titulares de proyecto reclaman que al interior de la evaluación ambiental se les imponen exigencias que nada tienen que ver con ellos, que estas sobrepasan a las que se deberían discutir y que, aun cuando tuviesen voluntad de generar procesos de diálogos permanentes, no existe una fórmula para garantizar su continuidad en el tiempo. Los titulares de proyecto suelen señalar que la judicialización se transforma en una dilatación indebida que afecta la inversión. En este contexto vemos cómo un inadecuado sistema de participación genera costos para los privados en la tramitación y plazos, costos reputacionales para las empresas y las comunidades, pero además costos sociales, porque un equivocado proceso de participación fractura confianzas, debilita el tejido social y provoca suspicacias generalizadas.
¿Qué hacer entonces? Por lo pronto resultaría razonable preocuparse no solo de la simplificación de trámites y burocracias en la evaluación ambiental (algo respecto de lo cual hace aproximadamente 15 años hemos venido discutiendo), sino que también resulta urgente preocuparse de la calidad de la evaluación y de la información ambiental y, sobre todo, de regular de modo sistemático, permanente y flexible el sistema de diálogo entre los proyectos, las comunidades y sus territorios, abandonando el paradigma de que la única participación posible se debe dar al interior de la evaluación ambiental.
La generación de un sistema de diálogo que diferencie conversaciones ambientales y sociales, tempranas y de largo plazo, que incentive acuerdos y que en caso de discrepancias cuente con mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación, nos debería permitir aproximarnos a entendimientos justos para todos, que no solo posibiliten la inversión en términos oportunos, sino que además promuevan las confianzas y la sostenibilidad en el largo plazo para las comunidades y sus territorios. Un diseño de tales características es lo que estamos proponiendo en Espacio Público, con la creación de un Sistema de Diálogo, el cual complementa lo realizado hasta ahora por el SEIA en materia de participación ambiental.
Seguir promoviendo agendas de reformas focalizadas exclusivamente en la simplificación de trámites y la burocratización, al margen de los mecanismos de participación y la calidad de la misma, constituyen iniciativas ineficaces, porque un proyecto de inversión siempre generará expectativas —positivas o negativas— en la comunidad en donde se inserta, por lo que un diálogo inadecuado, sesgado o autorreferente solo profundizará la frustración y con ello una conflictividad innecesaria.