El país atraviesa tiempos sombríos. A la muerte y la enfermedad se ha sumado una crisis económica devastadora. Cuando llegó la epidemia, nos hallábamos en medio del estallido social que desveló la disociación entre nuestras élites y la ciudadanía. El sistema de pensiones, con la resistencia que generan las AFP y las pobrísimas jubilaciones que entrega, quedó instalado al centro de los reclamos.

Hoy, la cesantía y la pobreza acechan a los sectores más desposeídos y a una clase media frágil. Es apremiante ir en su apoyo. De ello depende no sólo el bienestar de quienes hoy están sufriendo, sino nuestra estabilidad democrática. Un país en el que parte significativa de sus habitantes se sienten marginados nunca conseguirá caminar sobre terreno firme.

Hasta aquí, han sido muchos los anuncios y poca la ayuda concreta. El gobierno ha sido lento a la hora de atender las urgencias. Cunden la desconfianza, el desorden, e incluso la arrogancia de algunos que creen saber mejor que los propios afectados en qué consisten sus carencias.

Un acuerdo firmado por partidos de gobierno y oposición fijó un marco fiscal de 12 mil millones de dólares. También entregó al gobierno una flexibilidad inédita para decidir cómo gastarlos. Después de un mes seguimos sin claridad sobre su utilización. Esta falta de certezas aumenta la ansiedad de la ciudadanía y alimenta el apoyo masivo que tiene la idea de retirar una parte de los fondos previsionales. A cambio de una mayor tranquilidad que ese 10% que les entregaría hoy, es comprensible que muchas personas estén dispuestas a recibir en el futuro una pensión aún más insuficiente. Pero es necesario tener en cuenta que el retiro de los fondos tomará varias semanas, o incluso meses. Desde esta perspectiva, el gobierno sigue teniendo la herramienta más rápida para llegar con ayuda económica a quienes más lo necesitan: un programa de transferencias más agresivo y con mecanismos menos burocráticos de focalización.

El retiro del 10% de las cuentas individuales está lejos de ser una solución ideal, pero de aprobarse finalmente, nos parece importante tomar resguardos para reforzar los principios de seguridad social, evitando que se convierta en una política que aumente la desigualdad o cuyos impactos fiscales comprometan a futuras generaciones. Desde ya, los retiros no debieran estar exentos del impuesto a la renta. Dado el diseño de nuestro sistema impositivo, la exención favorecería al grupo de contribuyentes con mayores ingresos. No se trata de focalizar la cobertura o poner barreras burocráticas para acceder al retiro, sino simplemente conseguir que para las personas más ricas resulte indiferente liquidar sus distintas fuentes de ahorro. Asimismo, si se decide crear un sistema de devolución fiscal para los fondos retirados, debería orientarse exclusivamente a los grupos más vulnerables. Los demás casos se podrían abordar con una devolución individual parcializada, reforzando el pilar solidario o mecanismos similares.

Valoramos la intención del gobierno de acelerar la discusión de una reforma estructural al sistema de pensiones, esto es, una donde las AFP tengan mucho menos protagonismo.

Solo así conseguiremos que la sostenibilidad fiscal del sistema de pensiones sea un principio compartido por la ciudadanía en general. Seguimos pensando, como lo indicamos en nuestro informe del año 2017, que los principios centrales que deberían regir dicha reforma son: aumentar las pensiones, incorporar elementos redistributivos, dotar al sistema de legitimidad y fortalecer el papel del Estado.

Ningún problema complejo puede abordarse sin una genuina pluralidad de voces. En Espacio Público consideramos fundamental escuchar con atención las ideas provenientes de todos los sectores políticos, sociales y técnicos a la hora de buscar las mejores soluciones. Creemos que esta es además la mejor manera de comenzar a dibujar un proyecto de país más democrático e inclusivo. El proceso constituyente empezará en pocos meses, y para que esa gran conversación nos permita reconstruir las bases de nuestra vida en común, es necesario enfrentarla con respeto y abriendo espacios a la mayor cantidad de visiones.

Diego Pardow, presidente ejecutivo de Espacio Público
Pía Mundaca, directora ejecutiva de Espacio Público

*Suscriben esta carta todo el directorio y miembros del equipo ejecutivo:

Francisca Arancibia, Manuel Arís, Camila Arroyo, Eduardo Bitrán, Nicola Borregard, Andrea Butelmann, Luis Cordero, Lucía Dammert, José De Gregorio, Antonio Díaz-Araujo, Mauricio Duce, Annie Dufey, Valentina Durán, Eduardo Engel, Patricio Fernández, Alejandro Ferreiro, Sebastián Gray, César Hidalgo, Victoria Hurtado, Manuel Inostroza, María Jaraquemada, Juan Felipe López, Alejandra Mizala, Mariano Montenegro, Carolina Mosso, Nicole Nehme, Gabriel Ortiz, Valentina Paredes, Francisca Pinto, Andrea Repetto, Maisa Rojas, Andrea Sanhueza, Cassandra Sweet, Pablo Simonetti, Verónica Undurraga y Jeannette von Wolfersdorf.

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