La acusación constitucional (AC) contra el ex Ministro de Hacienda Nicolás Grau es parte de un proceso dedegradación de este mecanismo constitucional. Si en los seis primeros gobiernos desde el retorno a la democracia (hasta Bachelet 2) el promedio era de cuatro AC por periodo presidencial, en los dos últimos gobiernos la cuenta asciende a nueve sólo incluyendo las presentadas en contra de ministros/as y el expresidente (excluyendo las dirigidas contra jueces u otras autoridades).

La inflación de las AC viene acompañada de un deterioro en el respeto de los aspectos jurídicos en su tramitación, especialmente en la aplicación de las causales que les dan fundamento. En el caso actual, una diferencia legítima en los presupuestos utilizados para la proyección de la deuda pública es interpretadapor los acusadores como un acto inconstitucional e ilegal.

Así, la AC contra Grau politiza – en el peor sentido de la palabra – nuestra institucionalidad económica, y debilita uno de los principales activos del país. De esta forma, un mecanismo ideado como de última instancia se convierte en una simple jugada política utilizada con fines de corto plazo, pero con costos permanentes para nuestras instituciones.

La pregunta es cómo detener el espiral acusatorio y evitar sumar un tercer periodo presidencial plagado de AC sin fundamentos. La respuesta es simple, aunque difícil de llevar a cabo en el clima actual: se necesitan actores políticos decididos a no dejarse arrastrar por las lógicas de los extremos y dispuestos a pagar los costos asociados.

Aunque muchos mantengan pocas esperanzas en que algo así ocurra, el momento actual es propicio para un gesto conciliador. Por una parte, no tenemos elecciones hasta dentro de dos años más, con lo cual es probable que los costos políticos se terminen diluyendo en la frágil memoria de los electores.

Más importante aún, esta es la última AC que podrá ser promovida por el oficialismo actual en contra de un ministro de la administración anterior. Esto le otorga una oportunidad única al gobierno para quebrarla tendencia y asumir una mirada de Estado que se proyecte por sobre las minucias políticas.

De paso, ello puede mejorar el clima de negociación de las reformas y disminuir el flagelo acusatorio durante los cuatro años que le quedan en el poder. Si bien nada asegura el buen comportamiento de la oposición actual, un gesto en esa línea invertiría la carga moral de las AC y deslegitimaría su uso indiscriminado.

Salir de la lógica de la polarización nunca es fácil. Pero el gobierno y, en particular el Partido Republicano, tienen la oportunidad de dejar atrás su histórico rol opositor y asumir de una vez su posición oficialista. De ello dependen la estabilidad institucional y el desarrollo económico durante los próximos años.