Si hacemos una lista con las multas más graves impuestas en el ámbito de la regulación financiera, seguramente aparecerán nombres como Pablo Alcalde (La Polar), Julio Ponce (Cascadas) o José Yuraszeck (Chispas). Ahora bien, si tratamos de investigar sobre estos casos en la página web de la Comisión para los Mercados Financieros (CMF), nos encontraremos con una sorpresiva opacidad: más allá de algunos comunicados de prensa, resulta imposible acceder al expediente administrativo o a las resoluciones que impusieron las multas.
Ello es consecuencia de un dictamen de la Contraloría General de la República que exige limitar el acceso electrónico a estas resoluciones administrativas una vez que el infractor paga la multa correspondiente. El verdadero origen del problema, sin embargo, está en una antigua doctrina legal que busca extender las garantías del proceso penal a las sanciones administrativas. Como era esperable, después de una década de extensiones progresivas, esta doctrina está llevándonos a situaciones bastante absurdas.
Para empezar, las multas suelen ser reclamadas ante tribunales y los expedientes judiciales son públicos. Por esta razón, eliminar las resoluciones de la página web de la CMF, únicamente hace más engorroso el proceso de consulta y obliga a revisar el expediente judicial. Además, la publicidad de la sanción es fundamental para disuadir futuros ilícitos y fomentar el conocimiento de la regulación. Sin ir más lejos, en el ámbito de la protección del medio ambiente, es la propia ley la que ordena establecer un registro público con las sanciones administrativas.
Como se aprecia, la analogía con las garantías penales obliga a ponderar de manera equivocada los valores en juego. Es del todo razonable que una persona pueda borrar sus antecedentes criminales una vez que cumpla su condena, facilitando así su reinserción social y permitiéndole empezar una nueva vida. Pero quienes cometen ilícitos administrativos en el mercado de valores difícilmente carguen con un estigma social que les impida reinsertarse socialmente. Mientras Pablo Alcalde y José Yuraszeck siguen dedicados a sus negocios, Julio Ponce destaca como la segunda fortuna más alta del país, según el ranking de la revista Forbes.
Es importante aprovechar este proceso de instalación de la CMF para evaluar las prácticas administrativas que tenía la antigua superintendencia. Fomentar la transparencia del mercado de valores y fortalecer la confianza de la ciudadanía en nuestros reguladores parecen objetivos mucho más importantes que continuar con esta extensión irracional de las garantías penales a los procesos administrativos. Está en manos de la CMF hacer lo correcto, aunque ello implique discutir en las instancias legales que correspondan un dictamen que claramente necesita ser revisado.
