Se cerró el caso contra las casas de apuestas extranjeras, pero esto reavivó el debate sobre el mercado de apuestas en Chile
Durante casi tres años se llevó a cabo una investigación que pudo haber modificado el equilibrio de fuerzas en el mercado chileno de juegos de azar. Pero el 11 de julio concluirá discretamente: la fiscalía anunciará oficialmente el cierre del caso contra las plataformas extranjeras de apuestas. No habrá cargos, ni sanciones, ni siquiera una mención de infracciones legales.
La declaración ya consta en los documentos oficiales. En abril, la fiscal adjunta del distrito de Ñuñoa, Rossana Folle, presentó la solicitud para cerrar el caso. El tribunal se negó a extender el plazo de la investigación y, conforme al Código Procesal Penal de Chile, el proceso quedó automáticamente concluido.
Casi tres años de investigación y ni una sola acusación. Los participantes del proceso valoran este resultado de forma diferente, pero una cosa es clara: el Estado ha renunciado a su papel de árbitro en un conflicto clave entre los actores legales del sector y aquellos que operan mediante canales digitales.
La investigación no surgió de la nada. Fue impulsada por los principales representantes del negocio tradicional de juegos de azar en Chile: la lotería estatal Polla Chilena, el principal hipódromo Club Hípico y varios casinos físicos. Todos ellos se unieron con el objetivo de excluir a los competidores extranjeros, basándose en argumentos de carácter legal.
Motivos de las críticas hacia las casas de apuestas extranjeras
En el mercado de las apuestas deportivas y los juegos de azar operan numerosos actores internacionales de gran tamaño. Por ejemplo, según el sitio es-mostbet.app, la aplicación Mostbet es popular en España. Sin embargo, también goza de éxito en Chile. Lo mismo ocurre con Megapari, Pin Up y otras marcas que aparecen entre los primeros resultados de búsqueda. Pero si en algunos países a estas empresas se les permite operar sin mayores problemas, en otros existen zonas “grises” debido a particularidades fiscales y legislativas. Y Chile es precisamente uno de esos casos.
El fondo de sus quejas se resume así: las casas de apuestas extranjeras operan en Chile sin licencias, no pagan impuestos locales y, en muchos casos, ocultan su estructura de propiedad. No obstante, obtienen ganancias significativas del público chileno.
Los principales argumentos contra estos operadores internacionales son los siguientes:
- Las plataformas no están registradas en Chile
- No está claro cómo ni a quién pagan impuestos
- Los centros de gestión y servidores están ubicados en el extranjero
- Su marketing está dirigido al consumidor chileno, pero no está regulado por la legislación local
Las empresas locales consideran que esto no solo representa un riesgo para los usuarios, sino también una amenaza directa a su propio negocio. Sin embargo, demostrar jurídicamente una infracción ha resultado imposible; por eso la fiscalía decidió cerrar el caso.
Para los representantes de las plataformas extranjeras de apuestas, el cierre del caso fue motivo de aprobación pública. La Asociación de Operadores en Línea, que incluye marcas como Betano, Betsson y Coolbet, interpretó la decisión de la fiscalía como una validación de la legalidad de sus actividades en Chile.
En una declaración pública, la asociación enfatizó que, aunque en el país no exista una regulación específica, sus miembros cumplen con todas las normas vigentes. En otras palabras, no están violando la ley —porque simplemente no existe una ley que regule el juego en línea.
¿Qué objetivos persiguen los planes de regulación del sector del juego?
Las empresas han declarado estar dispuestas a participar en la elaboración de un marco regulador. Según ellas, la industria no solo necesita legalización, sino también límites claros: fiscales, técnicos y operativos. Son precisamente estos los que permitirán integrar el mercado de apuestas en línea dentro del ámbito legal, lo cual es especialmente importante.
A pesar del cierre del caso, la tensión en el sector no ha desaparecido. Los operadores tradicionales siguen considerando que están en condiciones de clara desventaja. A ellos se les aplican leyes estrictas relacionadas con licencias, pago de impuestos y control de transparencia, mientras que las compañías en línea operan según sus propias reglas.
Los casinos, los hipódromos y las loterías estatales están obligados a mantener instalaciones físicas, cumplir normas sanitarias, presentar informes y pagar tasas elevadas. Las plataformas en línea no tienen estas obligaciones. Sus sedes se encuentran en el extranjero, y no están sujetas directamente a los requisitos chilenos.
La frustración crece también por la falta de una postura clara del Estado. La investigación se cerró, pero aún no hay una respuesta normativa a la cuestión clave: cómo regular el juego en línea. Esto hace que el conflicto no esté resuelto, sino simplemente pospuesto.
El mercado chileno del juego en línea continúa creciendo, y fingir que está fuera del radar se está volviendo políticamente arriesgado. Millones juegan, las grandes marcas se publicitan, y el Estado aún no se ha decidido a formular unas reglas legales del juego.
¿Qué argumentos presentan los partidarios de la regulación?
Los defensores de la regulación señalan varias ventajas evidentes: protección del consumidor, posibilidad de ingresos fiscales, control sobre la transparencia y las finanzas. Sin embargo, otros expertos consideran que la ausencia de normas también beneficia al propio Estado: mientras los ingresos se vayan a paraísos fiscales, nadie está obligado a controlar ni a rendir cuentas.
La última audiencia judicial está programada para el 11 de julio, y con ella se cerrará formalmente un caso. Pero, al mismo tiempo, marcará un punto final al inmovilismo jurídico que, tarde o temprano, derivará en una responsabilidad política.