
El proyecto de reforma constitucional presentado por un grupo de senadores ha puesto al sistema político en el centro de la discusión. La moción recoge en buena parte el diagnóstico que ha predominado en la discusión pública: el gran problema es la fragmentación. El alto número de partidos políticos genera costos de coordinación y ello afecta negativamente la gobernabilidad.
Sin embargo, el excesivo foco en la fragmentación oculta causas importantes del mal funcionamiento del sistema. En un informe publicado por Espacio Público junto a la Fundación Friedrich Ebert examinamos el proceso de personalización de la política que ha experimentado Chile. Aunque inciden factores de distinto orden, hay elementos institucionales que potencian la selección de candidaturas basadas en atributos personales por sobre esfuerzos colectivos.
Entre ellos está un sistema electoral de listas abiertas y pactos que pide a la ciudadanía votar por personas, pero distribuye los escaños en base a listas y partidos, al tiempo que permite las candidaturas independientes en cupos de partido. Esto se manifiesta en la falta de proyectos colectivos, el debilitamiento de la disciplina y cohesión de los representantes, y la baja capacidad de representación de los partidos.
Así, el número de actores políticos del sistema es en realidad mayor al mero número de partidos. Cuando un gobierno empuja un proyecto de ley enfrenta dificultades de coordinación no sólo porque tiene que negociar con muchos partidos, sino porque dentro de ellos coexisten actores individuales que actúan en base a sus propios intereses. En un sistema con pocos incentivos para la cooperación se generan costos de transacción que dificultan la obtención de acuerdos, frustrando la expectativa ciudadana de contar con actores políticos con mayor disposición a negociar.
Con esto en mente, conviene revisar las reformas propuestas y, en particular, el umbral del 5% para ingresar a la Cámara. Los umbrales se utilizan para reducir la fragmentación en sistemas con alta proporcionalidad, lo que comparativamente no corresponde al caso chileno. En nuestro país, la fragmentación se produciría no por la alta proporcionalidad, sino que, entre otras cosas, por los pactos electorales.
Asimismo, como señala un informe del CEP de agosto de 2024, los países en que se usan umbrales tienen características electorales diferentes a las chilenas, lo que dificulta su trasplante. Un umbral complejizaría aún más un sistema electoral que ya es opaco para la ciudadanía.
Nuestro sistema político requiere reformas para hacer frente a los diversos desafíos que enfrentamos. No obstante, para que los cambios sean efectivos debemos afinar nuestro diagnóstico y apuntar con medidas que se hagan cargo de las causas de los problemas que enfrenta el sistema, y no sólo de algunas de sus consecuencias.