Una reciente columna de Benjamín Salas (colaborador asociado de Horizontal) ha reabierto el debate sobre el rol de la religión en la esfera pública. Salas argumenta que José Antonio Kast repetidamente ha utilizado su fe como criterio de acción política, sustentando sus posiciones públicas en dogmas católicos. El riesgo sería que, de ser electo, empleará su cargo para imponer políticas basadas en su particular visión religiosa. Emilia García (Idea País) y Pablo Valderrama (IES, en este medio) han argumentado que la postura de Salas encarnaría la ‘contradicción típica del liberalismo’: por mucho que se presente bajo un aura de imparcialidad, se trataría de una doctrina filosófica basada en una cosmovisión particular como cualquier otra.
Así, la exigencia de evitar argumentos religiosos en la esfera pública terminaría en la práctica silenciando a sectores completos de la sociedad. La crítica anterior tiene similitudes con aquella propugnada por ciertas corrientes postliberales de izquierda, que sostienen que el sesgo racionalista del liberalismo excluiría estilos comunicativos y cosmovisiones propias de grupos históricamente oprimidos. Así, se exigiría a los primeros que renuncien a su identidad para participar en el debate democrático. El punto parece ser que, en sociedades multiculturales, no podemos pretender que la deliberación democrática excluya cualquier alusión a la religión o a la cultura de los grupos sociales. Dichas referencias pueden ser una manera de incluir nuevas perspectivas y de emparejar desigualdades históricas.
Sin embargo, ello no convierte a las posturas religiosas en argumentos robustos por sí mismos. El problema de fondo persiste: los dogmas religiosos, como tales, son imposibles de aceptar por quienes no profesan la fe, por lo que las políticas públicas que derivan de ellos son necesariamente percibidas como imposiciones arbitrarias. Así, lo que esperamos de nuestros representantes no es que se abstengan de hacer referencias a su fe o identidad cultural, sino que, además, fundamenten sus posiciones en argumentos racionales que tengan el potencial de ser aceptados por todos los ciudadanos razonables. Lo que el liberalismo pretende es construir una institucionalidad que permita la convivencia de una sociedad plural. Ello implica que los credos deban renunciar a la pretensión de ser autoridades que estructuren comprensivamente la vida social. Al mismo tiempo, exige a los no creyentes la disposición a dialogar con las distintas tradiciones religiosas. No pocas veces, éstas son especialmente sensibles para detectar injusticias sociales —las recientes intervenciones del cardenal Chomalí en materia migratoria parecen ir en esa dirección—. El desafío consiste en la traducción de esos aportes a un lenguaje accesible para toda la opinión pública.
