Hannah Arendt afirmó que una de las razones de las crisis del siglo XX fue que “la calidad teatral del mundo político se había tornado patente”, logrando que ésta fuese de tal intensidad “que el teatro podía aparecer como el reinado de la realidad”. Es por lo mismo, explicó, que “el mundo de la política en nada se asemeja a los parvularios”.

En el último tiempo, nuestra clase política se ha transformado en un teatro de infantes. Esa manera de comprender su rol ha quedado en evidencia en el hecho de que frente a cualquier reproche que deseen realizar a su adversario han terminado protagonizando escenas en las puertas de Teatinos 56, sede de la Contraloría, para informar de una presentación en que acusan a sus oponentes de incumplir las reglas, como si esa acción por sí misma fuese un gran gesto de fiscalización.

Ese infantilismo olvida los deberes que tienen, especialmente, los diputados. La Constitución les entrega un conjunto de atribuciones para controlar al Gobierno: solicitar oficios, aprobar comisiones investigadoras, realizar interpelaciones y formular acusaciones constitucionales. Lo que sucede es que pocos se toman en serio su responsabilidad constitucional. Los oficios no les dan visibilidad y su uso, en ocasiones, se ha prestado para satisfacer a grupos de interés; las comisiones investigadoras han perdido seriedad, porque las constituyen y luego las abandonan; han vulgarizado las interpelaciones como instancias de debate público, y las acusaciones constitucionales han terminado siendo un medio de figuración pública más que un genuino mecanismo de responsabilidad política.

Por lo mismo, cuando los diputados recurren a la Contraloría renuncian a sus atribuciones, y asumen una posición teatral e irresponsable al entregarle al contralor, que sólo puede resolver con los criterios del derecho, un problema que debe decidir y controlar la política.

El mejor ejemplo es el incidente de la gira a China de los hijos del Presidente de la República. Es evidente que el asunto no es si la familia presidencial puede viajar como parte de la delegación: el debate es acerca de los estándares exigibles a la acción política del Presidente durante la gira. Cuando parlamentarios de oposición decidieron recurrir a la Contraloría por este asunto demostraron su propia incapacidad. La respuesta del contralor era completamente predecible y el Gobierno no podía sino explotar su conclusión como un aparente símbolo de rectitud.

Parte de la progresiva deslegitimación de la clase política es consecuencia, precisamente, de casos como éstos, en los que se eluden ejercer los deberes públicos, y los actores deciden comportarse como si nuestra vida pública se hubiese convertido de repente en una pieza de teatro infantil.