En una semana prolífica en comentarios y sermones dominicales tras la sentencia de la Corte Suprema por una decisión del Tribunal Constitucional (TC), se ha omitido lo que genuinamente se discutía. Y es que resulta indispensable entender los hechos, si deseamos de buena fe discutir sobre los alcances de este conflicto, más allá de impertinentes declaraciones públicas.

Durante los últimos años ha existido debate sobre si los funcionarios públicos pueden utilizar la tutela laboral ante el juez de Trabajo cuando son despedidos. La tesis de la Corte Suprema es que ese sistema se aplica supletoriamente a dichos funcionarios. Por un largo tiempo, el TC sostuvo que la decisión sobre este asunto correspondía a los jueces, sin que ellos pudieran involucrarse en la resolución del conflicto. Esto fue así hasta que, en diciembre de 2018, una parte del TC cambió su doctrina y resolvió derechamente sobre el fondo, indicando que los funcionarios no podían utilizar la tutela laboral porque el Estatuto Administrativo nada decía sobre esto.

Cuatro jueces del TC advirtieron en esa oportunidad que, al decidir este asunto, la mayoría del Tribunal estaba sustituyendo a los jueces del caso, sobrepasando sus competencias constitucionales. De ahí que algunos afectaron recurrieran de protección, y pese a que la acción fue rechazada, porque el caso aún sigue pendiente en la Corte Suprema, la Tercera Sala al emitir el polémico fallo advirtió que los jueces potencialmente podrían pronunciarse si el TC incurría en excesos que afectan derechos.

Pero este caso, además, demuestra que los jueces suelen adquirir protagonismo cada vez que la política no resuelve problemas públicos complejos. Esta es una trama que en los últimos años también ha generado debate en diversas partes del mundo por el rol de jueces en la política pública, especialmente cuando hay derechos en juego. Hace meses cuatro centros de estudios de distintas orientaciones políticas presentaron una propuesta de consenso para reformar el empleo público y, entre otras cosas, hacerse cargo de lo que se discute en este caso.

Ni el Gobierno ni el Congreso han tenido interés en solucionar este tema, crucial para la reforma del Estado y así terminar con el «reparto del botín» tras cada elección.

En un sistema legal que no utiliza precedentes las sentencias deben ser entendidas en relación con los hechos que se discuten. Estos días muchos han olvidado ese elemental criterio, han construido una crisis constitucional donde no la hay y han olvidado que la reforma de 2005 dejó cosas sin resolver. Porque, gusto o no, como ya decía Valentín Letelier en 1896, «las leyes no son lo que dice su letra, ni son lo que dice su historia. Las leyes son lo que dice su aplicación».