Sin referirse expresamente a ella, Hermann González, coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda, responde a mi columna del domingo en una carta. En mi columna argumenté que el Ejecutivo ha exagerado las bondades de reintegrar los impuestos a la renta, tanto en lo que se refiere a crecimiento como a sus efectos en equidad, progresividad y alivio a las pymes. La información que las autoridades han publicado es sorprendentemente opaca y cambiante. Ello hace casi imposible sostener un debate serio y con altura de miras, como pide el señor González.
En particular, se han entregado al menos tres conjuntos de datos, muy diversos entre sí, respecto de cómo la rebaja de impuestos se reparte entre personas de distintos niveles de renta, sin explicar sus diferencias ni indicar si alguno es el definitivo. Solo uno de ellos permite estimar los efectos de la reintegración sobre la progresividad del sistema. De él se deduce que los beneficios crecen más que proporcionalmente respecto del ingreso para las personas de rentas más altas. De la definición de progresividad que se enseña en cualquier curso de finanzas públicas se concluye que reintegrar es regresivo.
De hecho, si no fuera así, entonces no se entendería por qué el Gobierno ha buscado compensar sus efectos redistributivos. Tampoco ha sido clara la información sobre las características de la reducida fracción de pymes que están en el régimen semiintegrado. ¿Son sociedades de inversión? ¿Basta con ampliar el acceso al régimen que existe para las pymes para resolver su supuesta carga desmedida? Asimismo, no sabemos quiénes son los contribuyentes en el tramo exento que pagan impuestos por no recibir crédito completo por las utilidades que retiran.
¿Son socios de cooperativas? ¿O son también socios minoritarios de sociedades de inversión que reciben retiros desproporcionados? Un año después de ingresado el proyecto al Congreso persisten demasiadas interrogantes. El Senado tiene la oportunidad de exigir mucha más transparencia y precisión a Hacienda, y así poder verificar si la información definitiva avala lo que se ha dicho de la reforma. Un debate serio requiere de al menos dos cosas: información precisa y una evaluación sobre si existen alternativas más efectivas para lograr lo buscado.