Benedetto Croce, uno de los grandes opositores intelectuales del fascismo, sostenía que la realidad es historia y nada más que historia, porque los hechos del pasado tienen la capacidad de remontarnos fácilmente al presente. Lo sucedido estos días con el procesamiento del ex general Fuente-Alba por el uso de gastos reservados vuelve a poner en evidencia esa afirmación.

Aunque algunos se sigan sorprendiendo, la situación del uso de fondos reservados por parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público en nuestro país tiene una larga discusión. Fue a partir de 1932, en un decreto ley dictado durante los convulsionados días de la República socialista y mediado un golpe de Estado, que se autorizaron estos egresos sujetos a una simple rendición global. Bajo el amparo de esa regla, sucesivas leyes de presupuestos autorizaron esos gastos. La Contraloría mantuvo sistemáticas disputas con los distintos gobiernos acerca su control. El año 1974, en plena dictadura, la Contraloría advirtió que estos gastos sólo se podían destinar a ‘fines de carácter público’ y para ‘objetivos lícitos’, recordando que si se realizaban inversiones ilegítimas, la única alternativa a seguir era la vía judicial. Cuando estalló el caso de los sobresueldos de los ministros de Estado financiados con fondos reservados, en 2002, se modificaron las rentas del sector público y se acotaron los gastos reservados en la administración pública. Pero poco se hizo en relación con los fondos para las Fuerzas Armadas y Carabineros, manteniendo estos una similar situación a la que había dejado la dictadura.

Estas instituciones han gozado, al amparo de supuestas necesidades de la seguridad nacional o de la inteligencia policial, de privilegios en la gestión de esos fondos, a vista y paciencia de los gobiernos democráticos y contando con el consentimiento del propio Congreso, a través de las leyes anuales de presupuesto. La información que hoy se conoce en el caso del Ejército y el uso de estos gastos no es muy distinta a la que tiempo atrás conocimos sobre Carabineros. Gestión directa de dineros públicos, amplia discrecionalidad en su uso y opacidad en su control son los tres elementos centrales que incentivan la corrupción. Los tres presentes en cada uno de estos casos.

El oscuro y torcido nacimiento de los gastos reservados en 1932 nos persigue hasta hoy. Cada ex ministro de Defensa se ha declarado sorprendido sobre su uso y abuso, lo mismo que el Congreso, en cada investigación asociada a estos casos. Sin embargo, estas instituciones son también responsables de lo ocurrido, al omitir controles y preguntas elementales que exige una democracia en la asignación de estos fondos, como si fuese una especie de legado forzoso de una transición que se resiste a morir.